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Los transfronterizos envían a Pedro Sánchez una carta de socorro

Unos 200 trabajadores transfronterizos, marroquíes que durante muchos años han desempeñado todo tipo de trabajos en Ceuta y Melilla –cotizando a la Seguridad Social–, han enviado un carta de socorro al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y al titular del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, a través de la Asociación de Consumidores Halal (Acohace), la cual los representa por motivos humanitarios y de justicia social.

En la misiva, piden al jefe del Ejecutivo estatal que atienda el clamor de estas personas y al Alto Comisionado de las Cortes Generales su intervención.

El colectivo, engrosado por empleadas del hogar y trabajadores tanto del sector servicios como de la construcción, escribe a las autoridades españolas para que establezcan y faciliten medidas con las que evitar la irregularidad administrativa y laboral sobrevenida de los trabajadores que permanecen en las ciudades autónomas ejerciendo su actividad laboral.

En concreto, estos ciudadanos marroquíes solicitan el acceso a su país y el retorno a la ciudad autónoma mediante la concesión de una autorización de regreso a fin de renovar su documentación identificativa

Además, plantean en su carta identificar a los interesados a todos los efectos en territorio nacional con el fin de posibilitar la regularización de su situación documental y así puedan solicitar las prestaciones económicas  que les correspondan: subsidio por desempleo, jubilaciones... derivadas de la actividad laboral desarrollada en Ceuta y Melilla, así como para la regularización de la situación administrativa de aquellos otros que se encuentren en Marruecos.

Representación de Acohace por motivos humanitarios y justicia social

Desde Acohace, conscientes de los problemas a los que se enfrentan los trabajadores y trabajadoras que laboran en nuestro país y residen en estas ciudades fronterizas, creen que en estos difíciles momentos que atraviesan estos ciudadanos, después de más de cuatro años atrapados en Ceuta, separados de sus familias e impedidos de regresar a sus localidades de residencia, "España debe jugar un papel activo en la búsqueda de una solución que les brinde el amparo legal que garantice la dignidad humana y la protección de sus derechos", apela al presidente Sánchez.

La pandemia y el cierre de los pasos fronterizos con Marruecos dejó a los trabajadores transfronterizos sin empleo y sin la posibilidad de solicitar sus finiquitos y prestaciones económicas que les pudieran corresponder.

El 'cerrojazo' en el Tarajal sorprendió a muchos en Marruecos y los que se quedaron en Ceuta marcharon más tarde, una vez abierta la frontera.

Una vez reabierta y dadas las modificaciones en los requisitos de acceso a la ciudad que exigen, entre otros, disponer de visado expedido por el Consulado Español en Tetuán, Marruecos, y para el cual se precisa contar con un contrato de trabajo, se ha tornado en imposible que estos mismos trabajadores puedan volver a sus puestos de trabajo, expone la entidad en su misiva a Pedro Sánchez y Ángel Gabilondo.

El número de afectados podría alcanzar el millar

En Ceuta, calcula Acohace, el número de afectados podría alcanzar el millar. Todavía hoy están recogiendo los datos de personas que se declaran perjudicadas. De momento 200 personas han concedido autorización a la asociación para representarles.

Mientras tanto, la asociación no para de recibir testimonios de personas que siguen sufriendo por esta situación e incluso han desarrollado problemas de salud mental.

Los atrapados en Ceuta, en un limbo legal

Por otro lado, los numerosos trabajadores y trabajadoras a los que el cierre de la frontera les sorprendió en la ciudad permanecen en un limbo legal tras haberles caducado su documentación y sin que hasta la fecha la administración les haya brindado solución alguna.

La consecuencia es verdaderamente dramática: "Personas que viven en constante incertidumbre la desgarradora angustia de no saber cuándo podrán volver a ver a sus familiares mientras se debaten cada día en la dolorosa encrucijada de tener que elegir entre renunciar a su única fuente de ingresos o mantenerse en las ciudades autónomas con la confianza de conservar sus puestos de trabajo y mantener a sus familias con el dinero que les pueden enviar. Su grado de sufrimiento es difícil de asumir por más tiempo".

 

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