Marzo de 2021. En una operación conjunta entre la Guardia Civil y la Policía Nacional, se procede al registro de un locutorio ubicado en la calle Victori Goñalons en el marco de una operación desarrollada en Ceuta por falsificaciones de pruebas PCR y otros certificados usados para burlar las restricciones derivadas de la pandemia del coronavirus.
Ahora, casi tres años después de aquellos hechos, cuatro de los cinco acusados se han sentado en el banquillo para enfrentarse a penas que sólo en uno de los casos se eleva a los 3 años de cárcel.
Eso es lo que pide la Fiscalía para el responsable del locutorio en el que irrumpieron las fuerzas de seguridad a quien le acusa de un delito continuado de falsedad en documento público. R.M.M. lo niega. Asegura que él únicamente dispone de un negocio al que acuden clientes “pero no sé lo que hacen”, explicó ante el magistrado titular del Juzgado de lo Penal número 2.
En su local se hallaron varios documentos, entre ellos un certificado de nacimiento literal falsificado timbrado y firmado por una traductora jurada pero sellado por otra; una traducción de un certificado de renta; otro literal de matrimonio; un extracto de antecedentes penales… Además, se registró un ordenador.
Fiscalía considera que los elaboró, manteniendo que adquiría los impresos firmados y sellados para después rellenarlos dotando a los documentos de apariencia de legalidad al ser timbrados y firmados por traductores jurados. De forma alternativa al delito continuado de falsedad en documento público propuso la existencia de otro de tráfico de documentos, reclamando la imposición de la misma pena privativa de libertad.
Su visión del delito choca con la que mantiene la Defensa, que dejó claro cómo no se había podido acreditar que su cliente era responsable de una acción delictiva. Un argumento que simplifica en algo básico: saber la diferencia entre “emitir e imprimir”. Lo segundo, dice, es lo que hacía su patrocinado, gestionar un locutorio a donde acuden personas para imprimir documentos.
¿De dónde los sacan, qué contenido tienen, son falsos o no? Son cuestiones ajenas a su patrocinado, sostuvo.
En ningún momento, insistió, se ha podido acreditar que el responsable de este locutorio expidiera esos certificados, ni tampoco que colaborara en trama alguna para facilitar documentos falsos con los que se pudieran burlar las restricciones sanitarias impuestas en aquel tiempo.
Para la Fiscalía solo por el hecho de ser responsable del local supone serlo también de lo que ahí se hacía.
El acusado tenía contacto con otro de los procesados, M.Y.E.K., un traductor al que se le acusa de intrusismo y que se acogió a su derecho a no declarar. Con él mantenía un acuerdo verbal para imprimir certificados timbrados y traducidos.
Así, el traductor le enviaba documentos timbrados que eran recogidos por clientes, desconociendo si esos certificados eran falsos o no en su contenido. Su única función, insistió el responsable del local, era ofrecer ese servicio.
El traductor se enfrenta a una pena de multa de 12 meses con una cuota diaria de 10 euros por delito de intrusismo, algo que niega su abogada que argumentó que su cliente estaba dado de alta como traductor intérprete anunciándose de tal forma en una web. Fiscalía insistió en la opacidad de sus gestiones.
Los otros acusados: R.A.M., M.A.H.Y. y M.H.K. son personas que fueron sorprendidas portando documentos falsos que habían sacado del locutorio.
Así, el 30 de marzo de 2021 el llamado R.A.M. presentó un certificado PCR a sabiendas de su falsedad para que su madre pudiera embarcar en el aeropuerto de Málaga e ir a Marruecos. Confesó tal acción en el juicio.
El 15 de marzo de 2021, el acusado M.H.K. fue interceptado con un certificado falso de asistencia médica para acudir a una clínica en Jerez tanto para él como para el otro acusado M.A.H.Y.
A estos tres clientes (uno no compareció) se les acusa de falsedad de uso de certificado. Fiscalía solicita una pena de multa de 3 meses con una cuota diaria de 6 euros diarios, lo que fue aceptado por sus respectivos abogados existiendo, por tanto, al menos respecto de estas tres personas, una conformidad.
En la vista oral celebrada este jueves se contó con testimonios de policías, un guardia civil de Policía Judicial y la responsable de una clínica que alertó de la existencia de pruebas falsificadas lo que llevó a la Benemérita y a la Policía a investigar este asunto.
En su declaración negó haber señalado al locutorio como responsable de esas falsificaciones.
Dos traductoras juradas también prestaron declaración. No trataron nunca con el responsable del locutorio, pero sí con el traductor intérprete acusado. Ellas revisaban lo que este traducía al ser traductoras juradas. Confiaban en él hasta el punto de que en locutorio se encontraron documentos en blanco, timbrados y sellados con sus firmas. Nunca sospecharon que el contenido pudiera terminar incluyendo datos falsos.
Esos impresos timbrados se enviaban a Melilla y a Ceuta. Los documentos eran originales, lo falso era lo plasmado, algo que fue verificado por la Policía Judicial de la Guardia Civil que participó en esta investigación.
El juicio quedó visto para sentencia, es el primero de envergadura celebrado en la ciudad en alusión a unos hechos que terminaron siendo comunes en distintos puntos del país como parte de la picaresca en plena pandemia.
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