Ocurrió hace poco más de un año en Ceuta. Que hoy se pueda escribir esta crónica judicial sin narrar muertes de personas ha sido gracias a la intervención de la Guardia Civil que aquel 10 de agosto de 2022 evitó una tragedia al rescatar a varios marroquíes que habían caído al agua desde una phantom.
El tribunal de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha condenado a los cuatro hombres que el Instituto Armado pudo arrestar y vincular con delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros con riesgo para la vida.
Se enfrentaban a 8 años de prisión pero tras reconocer los hechos se fijó una conformidad evitándose así la celebración del juicio para el que habían sido citados guardias civiles. Los cuatro acusados sentados en el banquillo, en una sala con gran presencia de la Policía, fueron aceptando uno por uno la pena de cárcel o multa.
Los señalados como pilotos de la embarcación, que fueron conducidos presos ante el tribunal del máximo órgano judicial en nuestra ciudad, aceptaron penas de 3 años de cárcel. Los otros dos acusados, considerados cooperadores necesarios en la comisión del delito, asumieron el pago de multa de 7 meses y 16 días con una cuota diaria de 15 euros cada uno.
Así se cierra un episodio enmarcado en la enorme presión migratoria que cada verano se produce en el mar, presión protagonizada por traficantes de personas que buscan hacer negocio facilitando el traslado a la Península de magrebíes incurriendo en graves riesgos para sus vidas.
Eso es lo que sucedió precisamente en la tarde de ese 10 de agosto de 2022 cuando los integrantes del Servicio Marítimo salvaron a 5 inmigrantes que estaban ya en el agua tras hundirse la phantom que ocupaban. No sabían nadar, tampoco tenían chalecos y uno de ellos era menor de edad.
Los dos pilotos condenados ahora a 3 años de prisión estaban a bordo de esa embarcación y fueron localizados navegando a 1,5 millas de Punta Almina. Los cooperadores necesarios habían acudido horas antes de esa travesía al puerto deportivo para probar la phantom y llenarla de combustible.
La Guardia Civil pudo verificar el contacto que tuvieron con la embarcación pero no que llegaran al extremo de conocer los detalles de este pase que pudo haber terminado en tragedia.
Al otro lado de la frontera del Tarajal crece el ánimo por conseguir un pase aunque sea apostando en él la propia vida. Los inmigrantes buscan la forma de entrar en Ceuta aunque su fin último es marchar a la Península.
Así, de los cruces a nado por los ya bautizados como espigones de la muerte se pasa a estos embarques en motos de agua o phantom marcados por el riesgo ya que a los pilotos poco les importa arrojar a quienes son víctimas al mar con tal de evitar así el arresto de las fuerzas de seguridad con lo que se considera prueba del delito.
La condena dictada por la Audiencia es firme después de que todos los acusados no solo reconocieran la comisión del delito sino que además aceptaran la pena dictada de viva voz tras las negociaciones mantenidas entre los letrados personados en la causa y el Ministerio Fiscal.
Negociaciones que pasaron antes por el reconocimiento del delito. En el procedimiento se contó con las declaraciones ofrecidas por los inmigrantes que fueron grabadas para tenerlas a modo de prueba.
La central COS de la Guardia Civil alerta de la travesía peligrosa que protagoniza una embarcación localizada a 1,5 millas de Punta Almina. Cuando los agentes del Servicio Marítimo llegan al lugar se topan con la escena más trágica: la de cinco personas en el mar a riesgo de ahogarse que no cumplían ni con las mínimas normas de seguridad estipuladas. Los efectivos de servicio rescataron a los marroquíes.
Entre los detenidos figuran los considerados pilotos de la phantom además de los dos cooperadores necesarios ya que verificaron antes del pase que la embarcación estaba bien y cargada de combustible suficiente, aunque no queda claro que tuvieran conocimiento del empleo delictivo que se iba a dar.
Las partes aceptaron una conformidad que supuso una rebaja importante de la pena contemplada en la calificación inicial presentada a juicio por el Ministerio Público que inicialmente solicitaba la imposición de 8 años de prisión. Tras el acuerdo entre las partes se fijó una pena de 3 años entre rejas para los dos pilotos que deberán cumplir debido a que tienen otras causas que los mantienen presos.
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