La Audiencia Provincial deberá decidir si las acusaciones particulares personadas en el caso que investiga los sucesos acontecidos el 6 de febrero de 2014 en la playa del Tarajal por la posible comisión de delitos de lesiones imprudentes, homicidio y prevaricación tienen que unificarse, como han pedido las defensas de los guardias civiles investigados, o no. Entre las partes personadas figuran la Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR), la Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Menores y Jóvenes y el Observatorio de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ODESC), que se han opuesto a la solicitud.
Algunas de las acusaciones presentaron directamente recursos de apelación ante la Audiencia al aceptar la titular del Juzgado de Instrucción número 6 esa petición. Otras formularon recursos de reforma ante la misma instancia que han sido desestimados, por lo que sus firmantes se han visto abocados a ponerse también en manos de la Audiencia.
Las acusaciones, según las fuentes consultadas por este periódico, esgrimen que sus puntos de vista sobre los hechos y sobre los supuestos ilícitos que se imputan a los funcionarios intervinientes en el rechazo de un grupo de unos 300 migrantes que dejó al menos catorce fallecidos no tienen por qué ser coincidentes.
Desde su punto de vista, con esta solicitud lo que buscan las defensas es simplificar su estrategia teniendo que centrarse en rebatir los argumentos de menos contrapartes.
La legislación contempla que “cuando pueda verse afectado el buen orden del proceso o el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, el juez o tribunal, en resolución motivada y tras oír a todas las partes, podrá imponer que se agrupen en una o varias representaciones y que sean dirigidos por la misma o varias defensas, en razón de sus respectivos intereses”.
CEAR ha venido sosteniendo que de lo actuado y de los distintos informes que constan se desprende que el 6 de febrero “los agentes de la Guardia Civil del operativo desplegado dispararon contra las personas que se encontraban en el mar intentando acceder a suelo español material antidisturbios”. También que “resulta indiciariamente acreditado que a consecuencia de ello fallecieron al menos 14 personas, resultando otras tantas lesionadas y 23 ciudadanos extranjeros entregados a las autoridades marroquíes al margen de cualquier procedimiento legal, lo que resulta contrario a los artículos 2 y 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el artículo 15 de la Constitución”.
La Coordinadora de Barrios también viene sosteniendo que en el procedimiento existen “abundantes indicios de criminalidad que no sólo constatan la existencia de un ilícito penal sino también de indicios que permiten atribuir los mismos a los guardias civiles investigados en este procedimiento”.
El ODESC ha llegado a plantear en la diligencias que “dejando a un lado la entrega a Marruecos de varios inmigrantes” también debería tenerse en consideración “el que por los agentes que intervinieron se hubiera podido cometer un delito de denegación de auxilio”.
La instrucción está ahora pendiente únicamente, en teoría, de tomar declaración a otro testigo presencial residente en Alemania.
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