La traducción y el derecho a no declarar, algunos retos de la Abogacía en violencia de género

El Colegio de Abogados de Ceuta, a través de la Comisión de Violencia de Género, ha organizado este jueves una mesa redonda sobre violencia de género dentro de su ciclo formativo y especialización que ha coincidido con el inicio del año judicial y al que han asistido letrados, jueces y han sido invitados los policías nacionales de la Unidad de Familia y Mujer.

“Para el Colegio lo más importante es que los abogados, además de sensibilidad, tengan formación. Porque un abogado es un especialista que cuando se enfrenta a un tema de violencia de género tiene que ver todo el espectro que tiene. No solo el problema penal, de la posible denuncia, sino el problema familiar, todo lo relativo a guardia y custodia de los hijos… La ley así lo decía: una víctima necesita una protección integral en todos los sentidos”, ha explicado Isabel Valriberas, decana del Colegio de Abogados de Ceuta.

El objetivo de esta primera jornada formativa del año ha abordado, desde una perspectiva interdisciplinar, el conjunto de medidas y actuaciones aprobadas en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y su incidencia en las medidas de protección integral.

Es el caso de la entrevista integral de la víctima, en la cual es de especial importancia la figura del intérprete en una ciudad como Ceuta. “Como en la ley está regulado, no del todo y hay mucha casuística en la que nos vemos que no tenemos una comunicación fácil con la víctima y que es muy importante que exprese los sentimientos y todo lo que quiere decir. En cambio, no terminamos de entendernos entre todos. Ceuta, precisamente, al ser frontera con Marruecos, pues es un problema diario”, ha indicado Laura de Lorenzo Aracama, magistrada del Juzgado de Violencia de Género de Ceuta.

Otra de las intervenciones abordada es el derecho a no declarar que tienen determinados testigos cuando, por relaciones de parentesco, tienen que declarar en juicio y el acusado es pariente suyo o puede ser también su cónyuge o su pareja. “Este artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (416LECrim) se quiere modificar o tocar en todo caso porque las víctimas de violencia llegan a juicio y se callan acogiéndose a esta dispensa. En algunos supuestos se callan por temor, en otros porque no quieren problemas en su familia, por muchas circunstancias. Entonces se ha hablado de la posibilidad de eliminar o modificar esta posibilidad, en este caso, para las mujeres víctimas de la violencia de género. En esto está el problema ahora mismo. Aquí hay muchas sentencias absolutorias en el juzgado de lo Penal precisamente porque las víctimas llegan al acto de juicio que es donde se practican las pruebas, y después de haber declarado en instrucción una cosa, llegan al acto de juicio y se acogen a la dispensa y simplemente no declaran, se callan porque la ley les ampara para ello. Hay muchas sentencias absolutarias precisamente por esto”, ha desgranado Silvia Baz, magistrada del Juzgado de lo Penal número 2 de Ceuta.

Otras veces la relación que se establece es de afectividad análoga a la conyugal, es decir, que no siempre la agresión de un hombre sobre una mujer se puede considerar violencia de género. “El Código Penal castiga al hombre que maltrata a su esposa pero también al que maltrata a su pareja de hecho, a su novia… Y hay que saber qué es, y hasta dónde empieza y acaba la análoga relación de afectividad, es un tema bastante complicado en el que hay mucha discusión jurisprudencial y con los abogados”, ha señalado Luis de Diego Alegre, magistrado de la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Ceuta.

La reforma de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género ha fortalecido la tutela judicial para mejorar la participación de la víctima en el proceso penal con la designación urgente de abogados y procuradores de oficio en los procedimientos que aseguren la inmediata presencia para la defensa y representación de las víctimas.

La presidenta de la Subcomisión de Violencia contra la Mujer del Consejo General de la Abogacía Española, Filomena Peláez, ha esbozado cuáles son las propuestas de la Abogacía que se han recogido en el Pacto. “En la comparecencia que hicimos en el Congreso y el Senado, que luego se han recogido como medidas del Pacto y otras no propia de la Abogacía –son cuatro nuestras propuestas principales– que coinciden con las de el Consejo General del Poder Judicial y la de Fiscalía y otras instituciones y asociaciones”, ha señalado la también decana del Colegio de Abogados de Badajoz, quien además analizó el Real Decreto del 3 de agosto que ha generado tantas opiniones a favor y en contra.

La magistrada de la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Ceuta, Rosa María de Castro Martín, se ha encargado de presentar y moderar la mesa redonda.