Trace no va a solicitar a la administración local que prorrogue su contrato para la prestación del servicio de
limpieza pública viaria y recogida de basuras de Ceuta, que expira en febrero del año que viene. A pesar de que el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la adjudicación efectuada en 2013 preveía que “el contrato podrá prorrogarse de forma expresa y por mutuo acuerdo de las partes antes de su finalización hasta un total de 10 prórrogas de un año cada una, sin que las mismas, consideradas aislada o conjuntamente, puedan exceder del plazo fijado originariamente”, la concesionaria descarta esa vía, según han señalado fuentes de la misma.
A ocho meses de la finalización de la concesión,
la Ciudad todavía no ha publicado la licitación del servicio, el más gravoso de todos los que sufragan las arcas municipales, pero podría obligar a la
empresa a seguir prestándolo durante nueve meses más, tal y como prevé la Ley de Contratos del Sector Público, que en su artículo 29 estipula que “se podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo y en todo caso por un periodo máximo de 9 meses, sin modificar las restantes condiciones”, siempre que el anuncio de licitación se haya publicado con una antelación mínima de 3 meses respecto de la fecha de finalización del anterior.
En el caso de que se le encargasen trabajos no recogidos en los Pliegos, estos deberían valorarse.
La Consejería de Hacienda lleva más de un año trabajando en los nuevos pliegos, para cuya elaboración se contrató una asesoría externa con el fin de “tanto solventar problemas que se hayan dado en otros ayuntamientos como de concretar el procedimiento de adjudicación del futuro contrato”.
Durante los últimos diez años la ejecución del contrato de limpieza pública viaria, que se adjudicó por un importe de 16,7 millones “en un momento económico muy difícil” y posteriormente se ha incrementado hasta el límite legal, ha pasado por todo tipo de avatares (desde la satisfacción hasta la aplicación de detracciones continuas) y la administración se llegó a plantear la rescisión del contrato, aunque el Grupo Makerel lo descartó y se comprometió a terminar su encargo “aunque sea perdiendo dinero”.
En dos meses debe prepararse la reversión
La Ciudad Autónoma deberá efectuar “seis meses antes de la finalización del plazo de duración del contrato”, es decir, en la recta final del verano, “las comprobaciones” necesarias y adoptar “las disposiciones pertinentes” para la entrega de los bienes de Trace a la administración para la reversión del servicio. Todos los vehículos, maquinaria, equipos y herramientas pasarán a titularidad de la Ciudad “en perfecto estado de uso y conservación, libre de cargas”, corriendo a cargo de la adjudicataria “la gestión y los gastos de tramitación de la transmisión, sin tener derecho a abono de comisiones o gastos adicionales”.