Trace arremete contra “las afirmaciones afrentosas y filtradas” de la auditoría y se siente “perseguida” por la Ciudad

En todas las auditorías realizadas a empresas hay dos versiones: la aportada por quien audita y la de la empresa objeto de análisis. Trace, conocedora de las conclusiones que parcialmente han trascendido sobre el informe hecho por la Ciudad, ha presentado alegaciones con las que “desmiente las afirmaciones afrentosas” que, a su juicio, han sido realizadas contra la UTE y que ha conocido tras “ser filtradas” a la prensa.

En dichas alegaciones contradicen todos y cada uno de los puntos críticos en los que ha hecho hincapié la Ciudad, con motivo del análisis del contrato de limpieza viaria. Así, en dicha auditoría se recalcó que Trace había realizado “un gasto innecesario” en uniformes. Trace se muestra sorprendida porque, asegura, solo cumple con la ley de prevención de riesgos laborales, que obliga al empresario a proporcionar equipo de protección personal a los trabajadores.

Uniformes, ¿todos por igual?

“Parece surrealista que los servicios de intervención estimen como no necesarios para la ejecución del contrato la inversión en uniformes”, expone la empresa, que pone como ejemplo la dotación que hace la Ciudad a otros empleados de Plan de Empleo o Brigadas Verdes sin crítica alguna.

“Le brindamos a los servicios de intervención que comparen los costes en los que incurre la Ciudad y los que ha incurrido esta parte en la compra de uniformes para conocer si el precio al que le vende una de las empresas vinculadas está por encima del valor de mercado o no”, denuncia.

Trace arremete también contra las críticas por la “estructura administrativa sobredimensionada” que, dice la Ciudad, mantiene la empresa. “El coste de nuestra estructura es inferior a la que mantenía la anterior adjudicataria. No entendemos en base a qué los servicios de intervención consideran sobredimensionada la estructura administrativa”.

Fosa séptica y nula voluntad de solución

Sobre el gasto en el vaciado de la fosa séptica también se ha sido crítico en el informe-auditoría realizado. Trace reconoce que  es “un sobrecoste que llevamos padeciendo desde los comienzos. La anterior adjudicataria mantenía sus instalaciones en una concesión en la ampliación del muelle de Poniente, que se debería haber subrogado, pero gracias a la inactividad de la Administración local no se nos permitió”.

Trace lamenta la nula determinación de la Ciudad para solucionar este problema, recordando que fue la anterior concesionaria del servicio de limpieza la que procedió al “desmantelamiento y destrucción de las instalaciones”. Ante la carestía de suelo Trace indica que “lo único que se ha podido encontrar son las actuales instalaciones que tenemos, que han necesitado una importante inversión para su adecuación”.

La empresa recalca que lo que no pueden hacer los servicios de intervención “es dejar de imputar este tipo de gastos al contrato, cuando la propia administración nos ha llevado a incurrir en los mismos por su inactividad y negativa a subrogarnos en una concesión cuya ubicación habría reducido los costes de combustible, mantenimiento de maquinaria e inversión en adecuación de la base considerablemente”, expone.

2,2 millones en demandas y otros 2 más previstos

Trace arremete en este punto contra la Ciudad por cuanto recuerda que ya en 2014 comunicó por escrito a Acemsa que les diera servicio para la conexión al saneamiento público, sin atenderse. “Es lamentable que recaude dinero público a través de tasas por prestaciones de servicios que no cumple, en nuestras instalaciones conviven más de 400 personas y no tenemos derecho al acceso a las redes de saneamiento público”.

Muy molesta se ha mostrado la UTE con las afirmaciones realizadas por intervención en cuanto a los servicios de profesionales independientes, haciendo especial hincapié a la crítica por el “excesivo coste” de los servicios jurídicos que “permitía aventurar que se trata de asesoramiento a todas las empresas del grupo”.

“Es una afirmación de una gravedad extrema, vulnera nuestro derecho a la integridad y prestigio profesional. Cada empresa del grupo tiene su iguala correspondiente por el asesoramiento jurídico, en ningún caso Trace está pagando el asesoramiento a empresas del grupo”, denuncia, advirtiendo de que  se reserva el inicio de acciones legales.

“Hemos presentado demandas por importe de más de 2,2 millones de euros a la Ciudad, tenemos pendiente de presentación otras de otros 2 millones. La relación entre el coste de los servicios jurídicos con las reclamaciones planteadas entendemos que se ajustan perfectamente a los precios de mercado. Si la Administración cumpliera con sus deberes probablemente el gasto incurrido sería menor”, añade.

Trace también presenta alegaciones en relación con la amortización del inmovilizado y por los gastos financieros, denunciando que la Administración “vulnera constantemente la Ley, incumpliendo el periodo de pago a proveedores” lo que incide directamente en la situación de la empresa.

La UTE desvela además que tiene reclamaciones judiciales por importe de 2,2 millones y, en vía administrativa los 1,173 millones a los que se refiere la Ciudad en su informe “existiendo más reclamaciones a presentar”, entre las que se encuentran servicios realizados a petición de la Ciudad que no han sido abonados.

“Es excesivo el encarecimiento que en vía judicial incurre la administración por la negativa al pago. Los intereses, gastos y costas en los que incurre la Ciudad pueden llegar a un incremento del principal de hasta el veinte por ciento, el cual se sufraga con dinero de todos los ciudadanos”, denuncia.

Sin recompensa, más bien perseguidos

Trace está además visiblemente molesta por las afirmaciones que realizan los servicios de intervención sobre las operaciones con partes vinculadas, de las que, asegura, “han estado valorados a precio por debajo del de mercado. Le volvemos a brindar a los servicios de intervención que comparen los costes en los que incurre la Ciudad en la adquisición de productos similares y los que ha incurrido esta parte”.

La UTE advierte además de que debido a la “deficitaria situación del contrato” hasta la fecha no se le ha facturado a Trace gastos de dirección por el resto de empresas del grupo, ni los socios han obtenido remuneración por parte de Trace.

“Es manifiesta la persecución por parte de la Administración a la concesionaria, alcanzando incluso a vulnerar principios fundamentales constitucionales como los derechos a la libertad de expresión o el derecho a la intimidad”, denuncian. Exponen además cómo el grupo económico ha reinvertido en la ciudad, creando empleo y ahorrando a la Ciudad “más de 20 millones de euros desde su comienzo”.

“Todo este esfuerzo de años no se ha visto recompensado, sino que perseguido. El contrato del anterior concesionario generaba algos beneficios, de los cuales no se quedaba absolutamente nada en Ceuta, pero al parecer, sin tener explicación lógica, es lo que pretendía y pretende tener nuestra Ciudad”.