En este sentido, destaca que el gobierno de la Ciudad Autónoma ha participado en la elaboración de dicho plan, que sustituye al anterior, que se puso en marcha en 2007 con un recorrido de tres años.
Asimismo, desde Madrid se indicó que el plan tiene “como principal objetivo fortalecer la cohesión social, en un nuevo contexto migratorio caracterizado por la reducción de flujos de entrada de inmigrantes”. El fin que persigue el acuerdo es reforzar tanto los instrumentos y políticas de integración como los servicios públicos y de participación, para garantizar el acceso de todos los ciudadanos en condiciones de igualdad.
En la actualidad, la integración de los inmigrantes es uno de los retos más importantes que afronta la sociedad española y un pilar básico de la política integral de inmigración puesta en marcha por el Gobierno desde 2004, junto con la lucha contra la inmigración ilegal, la vinculación de la inmigración legal a las necesidades del mercado de trabajo y la cooperación al desarrollo de los países de origen.
De este modo, el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2011-2014 entiende la integración como un proceso de adaptación mutua, y diseña una política basada en acciones que se dirigen a todos los ciudadanos, tanto inmigrantes como autóctonos.
La aprobación del nuevo Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración para los años 2011-2014, que sucederá al que ha estado vigente durante los años 2007-2010, supone potenciar la política migratoria actual basada en la integración y la normalización de la convivencia en una sociedad diversa.
En el Plan se recogen nuevas medidas necesarias para dar respuesta a los retos del futuro inmediato como son la gestión de la diversidad, el fortalecimiento del capital humano y la igualdad de oportunidades para garantizar la cohesión social.
El Plan viene avalado por un proceso de elaboración basado en el consenso y en la participación de todos los actores implicados en la gestión de la integración. En su elaboración han participado, además de Ceuta, las Comunidades Autónomas, los Ayuntamientos, los agentes sociales, las asociaciones de inmigrantes, las organizaciones no gubernamentales y los expertos en esta materia del mundo académico.
Además, previamente a su redacción definitiva fue objeto de un proceso de consulta social, abierto a todos los ciudadanos, y se ha sometido a la consideración de los órganos consultivos en materia de integración.
