Dos de los trabajadores de
Emvicesa que quedaban por declarar en el
juicio que se sigue en la
Audiencia de Ceuta para esclarecer las actuaciones irregulares en torno a las
VPO de las 317 de Loma Colmenar han atendido únicamente a las preguntas formuladas por sus respectivos abogados en la sesión celebrada este martes. Se enfrentan a entre 15 y 13 años de prisión y todos niegan tener relación con cualquier cooperación que pudiera sostener una compra y venta de esas casas en una particular pirámide delincuencial en cuya cúspide se encontraría Antonio López, de acuerdo con las investigaciones de la UDyCO.
Han coincidido en las penurias vividas durante la detención y sus primeras
declaraciones en instrucción al no poder tener el letrado al que habían recurrido de forma particular ya que Emvicesa no les dio asistencia jurídica como recoge el convenio. Solo queda por prestar declaración la única mujer acusada de
los cinco trabajadores que fueron detenidos a la que se le piden más años que al resto al aplicársele un delito más. Fiscalía ha dejado constancia de las declaraciones que todos ofrecieron en Instrucción y de las preguntas que hubiera querido formular para obtener respuestas de estos trabajadores. Ha puesto así de manifiesto contradicciones y lagunas que quedan por tanto en el aire y que sostienen la acusación contra todos ellos de delitos continuados de cohecho, falsedad, organización criminal y prevaricación.
“Estuve presionado desde el minuto uno”
El acusado Salvador Vera, que llevaba altas, bajas y modificaciones de los solicitantes de viviendas en Emvicesa, ha negado tener algo que ver con la lista fantasma. “No tengo ni idea”, ha indicado en alusión a esa suerte de nombres sin membrete oficial que terminó publicada buscando así dársele una veracidad imposible. Ha narrado además la presión a la que se enfrentó cuando fue detenido y llegó a tener que declarar ayudado de unas muletas debido a la dolencia que le había tenido un tiempo de baja requiriendo tratamiento médico. “Estuve presionado desde el minuto uno. Yo no estaba presente en esa época, estaba hospitalizado y me sentí como un invitado que pasaba por ahí. Me quedé impresionado”, ha rememorado al verse investigado por estos hechos. De la jueza instructora ha denunciado que “echó al abogado” que le acompañaba “del juzgado” sin dejarle pasar al despacho donde debía declarar a pesar de ser un profesional que conocía la sociedad municipal por haber prestado servicios jurídicos. Precisamente por eso habían recurrido a él.
“El único cobro que recibo es mi nómina”
Otro los acusados, Manuel García, cuyo papel era el de administrativo destinado en el registro general de la sociedad municipal, ha indicado que en varias ocasiones tanto él como otros compañeros tuvieron que acudir a trabajar por las tardes e incluso fines de semana. Un dato con el que ha teñido de normalidad lo que la Policía vio como indicio a la hora de sostener que con esas presencias en horas no ajustadas a las laborales se estarían realizando trabajos que pretendían ocultarse. Ha negado que haya percibido cobros por alguna acción irregular. “El único cobro que recibo es mi nómina”. Emocionado ha recordado la presión sufrida cuando se le detuvo hasta el punto de sentirse ya condenado. “Sufrí muchísima presión. No había vivido nunca eso, prefiero no acordarme de ello. Creí que me estaban condenando”, ha recordado teniendo que parar su declaración durante unos momentos. “No me dejaron elegir letrado”, ha coincidido con su compañero. “Estuvimos en Emvicesa horas cuando nos detuvieron y después nos llevaron a comisaría. Tuvimos que llamar a un abogado y fuimos al juzgado detenidos, allí nos metieron en un calabozo y subimos esposados”, ha recordado, denunciando que la jueza instructora echó del despacho al abogado que llevaban viéndose obligados a tener que recurrir a una profesional de oficio además de sentirse burlados.
Un debate jurídico en torno a la normativa de 2006
El ‘caso Emvicesa’ está llegando a un punto de debate más propio del ámbito de lo contencioso con opiniones enfrentadas en cuanto a qué ordenanza debió aplicarse en las promociones de las 170 y 317 de Loma Colmenar. En la jornada de esta mañana y parte de la tarde se han escuchado opiniones diversas sobre lo adecuado de haber aplicado la ordenanza de 2006. Entre todas, destacada ha sido la intervención de la funcionaria del Ayuntamiento ya jubilada, Josefina Álvarez, contundente a la hora de defenestrar la valía de dicha ordenanza y cuestionar el acta levantada en donde se confundió un “dar cuenta” con un “se aprueba”. De ahí precisamente nace la acusación de prevaricación contra los expolíticos que ahora se sientan en el banquillo. “El acta está mal redactada, está fatal. Da la impresión de que ellos se han empeñado” en algo y “ellos no aprobaron solo dijeron que daban cuenta de eso”, ha insistido Álvarez. En las 317 se aplicó la ordenanza de 2006, algo que “no es correcto”. A juicio de la funcionaria quienes hasta la fecha han mantenido que sí era válida esa norma están equivocados.
La clave, el origen de la financiación de las viviendas
Álvarez ha recordado que en enero de 2018 Mohamed Alí le pidió que le asesorara sobre varias cuestiones en cuanto a qué prevalecía en la adjudicación de viviendas. Ella consideró tanto entonces como ahora que no había que aplicar el reglamento de 2006 porque se trataba de promociones financiadas por el Estado. Es por ello que dicha administración, la estatal, es la que debería establecer la regulación y por tanto había que excluirlas del reglamento de 2006, una norma que “tiene muchos defectos, es incompleta y está viciada por todos lados desde su aprobación”. La clave estaría por tanto en la financiación, en su procedencia, dependiendo de ello qué reglamento se aplica. Esa normativa que vino a sustituir a la del 98 contenía muchas lagunas. Álvarez ha recalcado cuál era a su juicio el papel de la Comisión Local de la Vivienda. La adjudicación no venía expresamente recogida como una de esas funciones, solo selecciona. ¿Quién adjudica? No se sabe.
Varios testigos, entre ellos Guillermo Martínez
En la jornada de hoy han declarado varios testigos, entre ellos Guillermo Martínez, que por ejemplo ha mantenido la línea de otros que han declarado previamente en cuanto a no tener dudas sobre la normativa que debía aplicarse. Era la de 2006. Al menos, eso sí, es lo que se pensaba en aquel momento. Martínez presidió la Comisión Local de la Vivienda en 2012, trasladando en ese foro lo aprobado en la comisión técnica de evaluación que se había celebrado en Madrid con presencia de ambas administraciones, local y estatal.