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Los trabajadores que denuncien corrupción estarán protegidos frente al despido

La nueva ley que aprobará el Gobierno busca evitar despidos, amenazas o represalias contra quienes denuncien irregularidades en su entorno laboral y también protegerá a su núcleo familiar

El Consejo de Ministros aprobará este martes un anteproyecto de ley que impedirá represalias contra los empleados, también en Ceuta, que denuncien casos de corrupción en su entorno laboral. La norma también extenderá esta protección a familiares y personas próximas al denunciante, mientras que cualquier despido motivado por estas denuncias será considerado nulo.

El Gobierno tiene previsto aprobar este martes en el Consejo de Ministros un anteproyecto de ley para proteger a los trabajadores que denuncien casos de corrupción en sus empresas, una iniciativa con la que busca evitar que quienes informen de irregularidades sufran represalias por parte de sus empleadores.

Según han explicado fuentes del Ministerio de Trabajo, la futura norma reconocerá como un derecho que los trabajadores y el personal laboral denuncien infracciones normativas o casos de corrupción detectados en su entorno profesional, reforzando así las garantías para quienes decidan dar el paso de informar sobre este tipo de conductas.

El despido será nulo si responde a una denuncia de corrupción

Uno de los principales cambios que contempla el anteproyecto es la protección frente a cualquier tipo de represalia laboral. De este modo, las empresas no podrán adoptar medidas discriminatorias contra los trabajadores denunciantes, como cambios forzosos de puesto de trabajo u otras actuaciones perjudiciales derivadas de la denuncia.

Además, si un empleado fuera despedido como consecuencia de haber denunciado un caso de corrupción, ese despido será considerado nulo, lo que implicará su readmisión en la empresa.

La protección prevista por el Gobierno no se limitará únicamente al trabajador que presente la denuncia. También alcanzará a sus familiares y personas de su entorno cercano, con el objetivo de evitar cualquier tipo de presión o represalia indirecta.

Desde el Ministerio de Trabajo explican que la finalidad de esta iniciativa es impedir que los trabajadores permanezcan en silencio ante posibles casos de corrupción por temor a perder su empleo o por la existencia de una supuesta relación de confianza con su empleador.

La protección abarcará todos los canales de denuncia

El anteproyecto también establece que las garantías no se aplicarán únicamente cuando la denuncia se presente ante la autoridad de protección del informante.

Según las fuentes consultadas, la protección se extenderá a todos los canales de denuncia, incluyendo aquellos casos en los que la información se haga pública a través de los medios de comunicación.

Para hacer efectivo este blindaje jurídico, el Gobierno prevé modificar diversos preceptos del Estatuto de los Trabajadores, adaptando la normativa laboral para garantizar la máxima protección a quienes denuncien irregularidades o casos de corrupción en el ámbito laboral.

El Gobierno también impulsa la futura ley de integridad pública

De forma paralela a este anteproyecto, el Consejo de Ministros también ultima la aprobación del proyecto de ley orgánica de integridad pública, una iniciativa distinta que forma parte del plan estatal de lucha contra la corrupción.

Este proyecto, que llegará en segunda vuelta al Consejo de Ministros antes de ser remitido al Congreso, contempla medidas dirigidas a reforzar el control sobre la contratación pública y endurecer las consecuencias para empresas, administraciones y partidos políticos implicados en casos de corrupción.

Entre las medidas previstas figuran la creación de un registro público de empresas con prohibición de contratar con la Administración, la ampliación de 15 a 20 años del plazo durante el que las empresas condenadas por corrupción no podrán contratar con el sector público ni recibir subvenciones o beneficios fiscales, así como nuevas obligaciones de transparencia para las donaciones a partidos políticos y un endurecimiento del régimen sancionador. El texto también prevé ampliar el plazo de prescripción de los delitos de corrupción de cinco a siete años y crear una agencia independiente de integridad pública.

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