La Consejería de Fomento y Turismo dará audiencia al promotor de una nueva torre ilegal que se está levantando en el Príncipe, en terreno de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Un trámite que, informa el Gobierno, sirve para requerirle que proceda al derribo de la obra, conforme a la normativa aplicable. “Al encontrarse en suelo de dominio público no hay plazo límite para exigir la responsabilidad del promotor”, indican fuentes de la Ciudad Autónoma. El expediente se inició hace años, cuenta con orden de demolición, “habiéndose desarrollado a su vez el procedimiento de ejecución subsidiaria, al que hay que incorporar la valoración actualizada atendiendo a lo construido”, detallan las mismas fuentes.
En la zona en que se está procediendo a esta construcción hubo ya un desprendimiento por lo que se ha trasladado a la Ciudad el temor a que pueda producirse un accidente con la gravedad de que dicha construcción se está haciendo en terreno municipal. La nueva torre se está levantando al lado de una vivienda, pegada al colegio de la barriada y a los edificios de protección del antiguo Poblado Legionario, además de en el entorno de seguridad que comprende el arco próximo al cuartel dependiente de la Comandancia General.
No hay fecha de esa audiencia por lo que la obra sigue su curso, como ha sucedido en otros puntos del propio Príncipe, con torres de viviendas levantadas de forma ilegal que ya están incluso ocupadas.
La reacción de la administración, se asegura desde la Ciudad Autónoma, sigue sus plazos pero esos son eternos hasta el punto de que pueden pasar 8 años, como es el caso, sin que la obra se pare. En la última estadística facilitada por el Gobierno, se informó de que en 2020 se han denunciado más de 60 obras ilegales mediante intervenciones de la Policía Local.
"En lo que va de 2020 se ha intervenido en más de 60 obras ilegales mediante denuncia”
La propia institución municipal ha reconocido la lentitud en los expedientes. Expedientes que cuentan con el informe policial de turno fruto de las visitas que se giran a la zona. Pero a pesar de ello, no se dispone del modo de respuesta ágil que consiga no solo frenar la construcción de la propia obra clandestina sino, también, evitar que termine y que sea ocupada por inquilinos, lo que dificulta aún más ese derribo ya que antes hay que desahuciar a las personas que se han convertido en moradoras del inmueble.
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