La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha asegurado que la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avala sus denuncias sobre el incumplimiento de la Ley de Temporalidad por parte de las administraciones públicas españolas, según un comunicado remitido por la propia organización en Ceuta.
El sindicato, mayoritario en el ámbito de la función pública, sostiene que las administraciones están incumpliendo de manera sistemática la normativa vigente, en especial la Ley 20/2021, aprobada para reducir la temporalidad en el empleo público.
De acuerdo con los datos aportados por CSIF, al menos 125.000 personas continúan en situación de abuso de temporalidad. Esta cifra se explica, según el sindicato, porque el 23% de las plazas incluidas en los procesos de estabilización todavía no han sido cubiertas, y en muchos casos ni siquiera han sido convocadas.
La organización denuncia que el plazo legal para resolver estos procesos finalizó el 31 de diciembre de 2024, por lo que considera que existe un “flagrante incumplimiento” de la ley por parte de las distintas administraciones.
CSIF también advierte de que la temporalidad en el sector público sigue siendo estructural. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) citados en el comunicado, la tasa se sitúa en torno al 30%, lo que supone aproximadamente un millón de trabajadores y duplica los niveles del sector privado.
El sindicato atribuye esta situación a la falta de medidas eficaces y a la continuidad en la contratación de personal interino, pese a los compromisos adquiridos en materia de empleo público.
En relación con el fallo del TJUE, CSIF destaca que el tribunal europeo establece la necesidad de adoptar medidas efectivas, proporcionadas y disuasorias para prevenir y sancionar el uso abusivo de contratos temporales en las administraciones.
No obstante, la organización subraya que la sentencia deja en manos del Tribunal Supremo la interpretación final conforme al ordenamiento jurídico español. Asimismo, recalca que la figura del “indefinido no fijo” no constituye una sanción suficiente frente a estos abusos.
Ante este escenario, CSIF plantea una serie de medidas para corregir la situación. Entre ellas, reclama la implantación de sanciones “ejemplares, claras y aplicables” contra los responsables de las administraciones que incumplan la normativa.
El sindicato también pide que las ofertas de empleo público incluyan todas las plazas estructurales necesarias para garantizar un servicio público adecuado, evitando así recurrir a la contratación temporal.
Otra de las propuestas es la reducción de los plazos de ejecución de los procesos selectivos, que actualmente pueden prolongarse hasta tres años y que, según denuncia, se incumplen de forma reiterada.
Por último, CSIF recuerda que el Gobierno se comprometió recientemente a eliminar la tasa de reposición en las ofertas de empleo público, lo que permitiría a las administraciones ajustar sus plantillas a las necesidades reales.
El sindicato ha trasladado su apoyo a los trabajadores afectados y ha advertido de que continuará con sus medidas de presión hasta que se adopten soluciones que pongan fin a la temporalidad en el empleo público.
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