No puede haber afrenta mayor que la de una administración que no responde al ciudadano, una administración que no atiende las quejas y que ni siquiera resuelve situaciones gravísimas como las sufridas por los pacientes oncológicos.
Hoy ofrecemos varios testimonios en primera persona y todos negativos, todos de afectados a los que no se les da cita o no se les dispensa el resultado de una prueba. Es inconcebible que suceda esto y que no haya una respuesta inmediata de la Delegación del Gobierno y de Ingesa.
Las únicas manifestaciones públicas han sido para ‘vender’ balances o para anunciar proyectos, pero ¿qué sucede con la falta de profesionales para atender como se debe a los pacientes?
Eso es lo que se debe responder para evitar situaciones tan extremas como las narradas por quienes sufren, sobre todo, por la falta de información, por la inseguridad provocada, por no tener datos sobre la evolución de una enfermedad que está ahí siempre presente y amenazante.
No se puede consentir por más tiempo lo que está pasando. De inmediato debe haber una comparecencia pública de quien es responsable directo de la sanidad, Jesús Lopera, y, por encima, la delegada del Gobierno, Cristina Pérez.
Deben ofrecer unas declaraciones para evitar situaciones tan sangrantes y tan injustas como las que se están produciend. No hacerlo supone pisotear los derechos de los más débiles, los pacientes.
