La titular del
Juzgado de Instrucción número 2 de Ceuta que instruye las diligencias abiertas a instancias de la
Fiscalía por un
presunto delito de prevaricación continuada contra la ya
exdelegada del Gobierno, Salvadora Mateos, y la vicepresidenta del Gobierno local, Mabel Deu, por la expulsión en agosto del año pasado de
55 menores marroquíes migrantes solos al margen de lo previsto en la Ley de Extranjería ha citado hoy a la abogada del Estado en la plaza de los Reyes en el momento de los hechos, Zaida Fernández.
Su testimonio será clave para dilucidar si la antigua titular de la institución de la plaza de los Reyes ejecutó las devoluciones dentro de sus competencias sin atender a lo establecido en la legislación española con algún asesoramiento técnico que las respaldase, si la Abogacía del Estado nunca se pronunció o si lo hizo con algún tipo de salvedad.
Si la letrada afirma que efectivamente bendijo la operación que la Justicia paró cuatro días después, aunque fuese verbalmente ya que en las diligencias no constan informes de esa naturaleza por escrito, el procedimiento penal se quedaría cogido con pinzas y
difícilmente podría llegar a juicio oral sobre Mateos, según las fuentes consultadas.
La jueza instructora también prevé oír al secretario general de la Delegación, Ismael Kasrou, que sí acudió a la reunión entre autoridades españolas y marroquíes en la frontera en la que la jefa del
Área de Menores de la Ciudad, Toñi Palomo, reiteró (ya lo había hecho por escrito) que la hoja de ruta pactada para las expulsiones de menores contravenía la normativa nacional e internacional, como han venido a corroborar posteriormente todas las sentencias conocidas hasta ahora de lo Contencioso-Administrativo tanto en primera como en segunda instancia.
La abogada dejaría el caso en el aire si afirma que avaló el procedimiento utilizado
Mateos siempre ha dicho desconocer que tales reparos existiesen, por lo que Kasrou tendrá que aclarar cómo interpretó la posición de Palomo y si se la transmitió o no a Mateos, que a diferencia de Deu no estuvo en aquel encuentro en el Tarajal 48 horas antes de que empezasen los denominados “retornos asistidos”.
A la espera de lo que determine el Supremo, el TSJA ha sentenciado que las expulsiones fueron exentas “de las mínimas garantías procedimentales exigibles” y conjuraron “una situación objetiva de riesgo relevante para la integridad física o moral de los menores afectados por las medidas de devolución”.
“Los actos propios de la Administración demandada [la Delegación del Gobierno] hicieron imposible el seguimiento de trazabilidad de las medidas de retorno que aplicó”, ha concluido el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que entiende que el carácter “súbito y masivo e ilegal” de la avalancha migratoria de mayo de 2021 “en absoluto autorizaba al Reino de España excusar su sometimiento al imperio de la Ley”.
Testificales propuestas
Hasta la fecha la jueza ha escuchado a las dos investigadas, al inspector jefe de la Policía Nacional en la frontera y a la jefa de Menores. La Fiscalía ha propuesto a la magistrada que cite como testigos, además de a Palomo, Kasrou y Fernández, al jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta, Juan Hernández; al director general de Asuntos Generales de la administración local, Francisco Pérez Hita; a la presidenta de la Fundación Raíces, Lourdes Reyzábal; a los abogados Patricia Fernández, Paloma García y Rafael Cid; y a la coordinadora de SAMU en agosto de 2021 en 'Santa Amelia', donde estaban acogidos los menores expulsados.
Por su parte, los abogados de la vicepresidenta de Ceuta, Mabel Deu, no solamente han pedido que se cite como testigos al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez.
Hasta ahora la jueza instructora solo ha oído a las investigadas, un policía y Toñi Palomo
También han solicitado que sean llamados a declarar en idéntica condición sin saber sus nombres “los dos representantes de la Prefectura de Tetuán que participaron por parte de Marruecos en el encuentro que se celebró en la frontera el 11 de agosto”, dos días antes de que comenzasen a ejecutarse las expulsiones, y “los dos representantes de L'Entraide Nationale, entidad pública perteneciente al Ministerio de Familia, Solidaridad, Igualdad y Desarrollo Social del Gobierno de Marruecos”, que acudieron al cónclave.