Tras conocerse la sentencia firme del Tribunal Superior de Andalucía sobre la denuncia presentada por un particular contra la licencia otorgada para la instalación de terrazas a varios establecimientos del ramo de la restauración se ha generado un verdadero revuelo en la ciudad. Por un lado, los responsables de la Ciudad Autónoma han quedado en entredicho por el contenido de una sentencia que anula las licencias de terrazas que fueron concedidas en su momento, sin tener en cuenta la incidencia en el incremento de los niveles de un ruido en un espacio con evidentes síntomas de saturación acústica. Ahora, deprisa y corriendo, quieren ponerse al día de los deberes que les han recordado los tribunales con una modificación sustancial de la ordenanza que regula la instalación de terrazas en el centro urbano. Y por otro lado, los empresarios de hostelería y restauración han comenzado a movilizarse a través de la Cámara de Comercio y un despacho de abogados para defender la permanencia de las terrazas y los horarios actuales. Este último aspecto, el de la hora de desmantelamiento de las terrazas, es clave en toda esta polémica, ya que es de noche cuando se produce un claro conflicto jurídico entre la permanencia de mesas y sillas en el espacio público y el contenido de las normativas europeas, nacionales y locales en materia de contaminación acústica. Bien es sabido, que a partir de las 23:00 h, el nivel permitido de decibelios sufre un significativo descenso con el objetivo de garantizar el descanso y sueño de los ciudadanos. Desgraciadamente, una cosa es lo que dicen las normativas legales y otra una realidad en la que sistemáticamente se incumplen las leyes ambientales, en este caso particular, la referente a la lucha contra el ruido.
Como se dice en términos coloquiales, las espadas están en alto. Esperemos que la sangre no llegue al río. Todo dependerá de la actitud y voluntad del gobierno de la Ciudad Autónoma que tiene la obligación legal y moral de velar por el interés general, que muchos confunden con la suma de los intereses particulares. Hasta ahora, la Ciudad tiene mucho de lo que avergonzarse por su lamentable política en materia de contaminación acústica.
No ha hecho sus deberes a tiempo y ha manifestado una evidente dejación de funciones en el cumplimiento de la ordenanza sobre ruido. Las consecuencias de esta dejadez son de sobra conocidas: una ciudad con el triste record de ser la más ruidosa de España; ciudadanos con graves trastornos de salud debido a una prolongada exposición al ruido (pérdidas de peso, mujeres que no han podido dar el pecho a sus bebés, depresiones, problemas de tensión arterial,…); y un alto cargo de la administración imputado por prevaricación y delito ambiental. Todo esto ha sucedido por la actitud constante de mirar para otro lado de nuestros responsables políticos y continuaría si no fuera por la valentía y arrojo de un particular, conocedor de sus derechos, que ha decidido llevar el asunto a los tribunales de justicia. Y también por la presión de la sociedad civil que en la lucha contra el ruido está representada por la asociación ASCORCE.
La Ciudad Autónoma tiene la posibilidad de resarcir todo el daño provocado a muchos ciudadanos por la contaminación acústica manteniendo una posición clara y sin ambages del lado de quienes combaten contra la contaminación acústica y de quienes la sufren, que ya cuentan a su favor con buena parte de la opinión pública y con lo más importante: la razón, la verdad y las leyes. En este asunto todos los ceutíes tendríamos que posicionarnos y hacer un esfuerzo para huir de posturas maniqueas. Aquí no se trata de un conflicto entre buenos y malos, o dicho de otra manera, entre aguafiestas que quieren acabar con las terrazas y unos empresarios preocupados por la rentabilidad de sus negocios, según la impresión que algunas partes interesadas quieren transmitir. Se trata más bien de una cuestión, como todas las que afectan al ámbito colectivo, que requiere una reglamentación que permita el desarrollo de una actividad empresarial, sin menoscabo de la salud ambiental de los ciudadanos. Estamos seguro que nadie quiere impedir de manera taxativa la instalación de terrazas, más bien lo que se persigue es regular esta actividad y adaptarla a las condiciones específicas de nuestro entorno urbano. En este sentido, conviene tener en consideración que la zona del centro presenta unos evidentes síntomas de saturación urbana a causa de una desorbitada densidad edificatoria (más de 150 viviendas/hectárea, cuando lo recomendable sería entre 50 y 65 viv/ha) y una creciente densidad poblacional.
Con este panorama resulta una grave temeridad permitir la proliferación de terrazas en los escasos espacios libres que existen en el centro histórico y además hacerlo sin una normativa que limite sus dimensiones y horarios. Desde nuestro punto de vista, lo razonable y sensato sería establecer una moratoria en la concesión de nuevas licencias de terraza hasta conocer los resultados finales del mapa de ruido, sobre todo en cuanto a la determinación de las zonas acústicamente saturadas y revisar el reglamento, -a partir de un diagnóstico fidedigno de la situación actual-, bajo la premisa inexcusable de velar por la salud y el bienestar de los ciudadanos.
En cuanto al procedimiento de revisión de la normativa local de terrazas y de la ordenanza de ruidos vuelve a quedar en evidencia la limitada visión de la participación ciudadana que tiene el gobierno de la Ciudad. A través de los medios de comunicación han difundido el mensaje de que quieren consensuar este delicado asunto entre todas las partes implicadas (empresarios, administración, agentes económicos, ecologistas, etc…), pero es sólo pura apariencia. Para la administración autonómica la participación ciudadana se limita a poder presentar alegaciones durante el plazo mínimo legal. Y esto no es participación, sino cumplir la ley. Participar es sentarse en una mesa con un borrador de la ordenanza y a partir de ahí establecer un diálogo abierto con cada una de las partes implicadas. El problema es que no quieren dar la cara, pues esto les supone tener que posicionarse y tomar decisiones comprometidas que pueden no gustar a algunas de las partes implicadas.
Su falta de voluntad de diálogo les lleva a pasar por alto la existencia de órganos de participación específicos en materia ambiental como es el Consejo Sectorial de Medio Ambiente, constituido el año pasado.
Tal y como establece el artículo quinto del reglamento que regula el mencionado consejo, una de sus funciones es “conocer y debatir los planes y programas municipales que tengan incidencia sobre el medio ambiente, la habitabilidad, la calidad de vida y la sostenibilidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta”. Para los grupos conservacionistas que luchamos para la constitución de este órgano de participación ciudadana resulta decepcionante que lo hayan dejado morir antes de dar sus primeros pasos. Y no será por la actitud de colaboración y corresponsabilidad que todos expresamos en la única reunión que se ha celebrado hasta la fecha. Una lástima.
