Por una atención psicológica post-covid

El Colegio Oficial de la Psicología de Ceuta (COPCE) se congratula por la aprobación en el Pleno de la Asamblea de un programa de terapia post-COVID para todas las personas afectadas. El COPCE viene haciendo público desde el principio de la pandemia los resultados de estudios realizados en varios países que alertaban de las secuelas que tanto el confinamiento como las posteriores medidas de distanciamiento social durante la pandemia producirían sobre la Salud Mental de los ciudadanos.

En esta misma línea, se viene alertando a las Autoridades sanitarias sobre la necesidad de ampliar los recursos para poder atender el incremento de demanda en atención psicológica que se producirá en el Servicio de Salud Mental de nuestra ciudad, así como de los beneficios de la incorporación de profesionales de la Psicología a los Servicios de Atención Primaria, hecho este, avalado por los resultados obtenidos a nivel nacional (Estudio PsyCap) https://www.elsevier.es/es-revista-ansiedad-estres-242-articulo- tratamiento-psicologico-trastornos-emocionales-atencion-S1134793717300647

En relación a la medida recientemente aprobada en Pleno por unanimidad de las fuerzas políticas de la Asamblea, surgen varias dudas respecto a la viabilidad de su implementación en los términos dados a conocer hasta el momento, pues la terapia psicológica es un servicio que sólo pueden llevar a cabo aquellos/as profesionales de la Psicología que, o bien tengan especialidad clínica (que sólo puede obtenerse mediante la finalización del P.I.R), o bien tengan una habilitación sanitaria (que actualmente sólo se puede obtener realizando un Máster en Psicología General Sanitaria). Esta circunstancia reduce notablemente el número de psicólogos/as colegiados que pueden desarrollar esta actividad en nuestra ciudad conforme a lo que establece la ley.

Cualquier otro profesional que prestase un servicio similar, o lo estuviese haciendo sin la correspondiente colegiación profesional, de acuerdo a la Ley 2/1974 de Colegios Profesionales, estaría incurriendo en intrusismo profesional y en ningún caso podría llamarse a la labor que pretenda realizar “terapia psicológica”.

Por ello, causa incertidumbre el planteamiento de que el programa terapéutico que ha sido aprobado en el Pleno para víctimas del COVID-19 pretenda implementarse con el personal que actualmente poseen las Consejerías, pues no nos consta que dentro de la plantilla de funcionarios autonómicos y del INGESA haya un número de profesionales de la Psicología suficiente, que cumplan los requisitos descritos anteriormente, y permitan ampliar los servicios que actualmente se prestan en Salud Mental y que ya se encuentran bastante sobresaturados.

Desde el COPCE mostramos nuestra disposición a colaborar y asesorar a quien corresponda para que este servicio tan necesario para la población se pueda desarrollar con la máxima eficacia posible.