Tensión ante el derribo de dos casas en Príncipe Felipe-Arcos Quebrados

De forma inminente, tienen que abandonar sus viviendas en la barriada de Príncipe Felipe-Arcos Quebrados. Un matrimonio y una familia con dos niños que, aseguran, se van a quedar en la calle porque la Consejería de Fomento ha iniciado este martes la demolición de sus casas por ser construcciones ilegales.

Así lo ha contado uno de los afectados, cuya vivienda será derribada en las próximas horas: “El problema que tenemos es que ha venido la Policía por estas casas ilegales que las quieren derribar. En su momento nosotros nos enteramos que se estaban vendiendo casas en Loma Colmenar y para no comprar una de esas, y no meternos en cohecho, nos hemos venido aquí y hemos arreglado las casas. Poco a poco. Ahora vienen a tirárnoslas mientras hay áticos en el Centro que son ilegales y no los tiran, mientras que hay casas que están antes que nosotros y no los tiran. Hoy ha amanecido la Policía con la grúa diciendo que tenemos que salir de las casas ”.

El desalojo de los habitantes de las construcciones, y de su pertenencias, ha estado supervisado por un fuerte despliegue policial. El perjudicado ha señalado que tiene dos niños y Servicios Sociales no les da ninguna alternativa. “Nos dicen que busquemos una casa de alquiler, pero nadie quiere alquilar con ellos porque pagan 15 o 20 días después”, ha reprochado. Este martes fue el turno de la primera de las dos casas, pero mañana será el suyo y, ha avanzado, “yo no voy a salir por la cara”.

Fomento ejecuta el derribo de forma subsidiaria, para lo cual cuenta con autorización judicial. Forma parte de la línea de actuación emprendida por el Gobierno de la Ciudad para combatir la obra ilegal.

En concreto, la Ciudad, a instancias del área de Disciplina Urbanística de la Consejería, y una vez seguido y cumplido todo el procedimiento que marca la normativa, ha promovido ambas demoliciones de las casas señaladas como las números 2 y 3 situadas frente al portón 14  de Príncipe Felipe.

Los afectados critican que las autoridades nunca les han impedido construir estas viviendas hasta ahora. “Nosotros no tenemos culpa porque en su momento nadie nos dijo: ‘Para’. Solo: ‘Dame el DNI, la multa, se van y adiós’. ¿Usted cree que todas estas casas han aparecido por amor al arte?”, se preguntó mientras miraba a su alrededor. “Si me hubiesen dicho que aquí no se puede arreglar nada, yo no lo hago, pero a mí me han dejado. Ya llevo cinco años por lo menos aquí”, ha calculado este vecino.

Este padre de familia lamenta que la Ciudad no le de una alternativa distinta al alquiler social, y adelanta que se negará a abandonar el que considera su hogar.

“Yo mañana de aquí no salgo si no me dan una alternativa. O salgo muerto o lo que sea, pero yo no salgo de aquí

Bastantes veces me han pasado ya cosas y bastante tengo para que aquí vengan a engañarme aquí. La Policía no tiene culpa pero mañana todo el que venga será enemigo mío”, ha concluido.

Para la culminación de las actuaciones ha sido imprescindible la colaboración de la Policía Local, Policía Nacional, Parque Móvil, Obimace y los Servicios Sociales.

Este desenlace es otra prueba del empeño que está poniendo en hacer cumplir la normativa en todo lo que concierne al ámbito de la disciplina urbanística la Consejería de Fomento, cuyo titular es Néstor García. Se ha tratado de un procedimiento administrativo complejo y laborioso, en el que se han respetado, como no puede ser de otra manera, todas las garantías que ofrece la legislación, concediendo las correspondientes audiencias a los interesados, resolviendo los recursos y alegaciones que se han presentado y dictando las resoluciones definitivas que han terminado con el derribo de estas dos edificaciones que no son legalizables -están construidas sobre zona verde-.

Para la culminación de estas actuaciones ha sido imprescindible la colaboración de la Policía Local y los Cuerpos de Seguridad del Estado, y la coordinación con otros servicios como el Parque Móvil, además de con Obimace, empresa municipal adscrita a Fomento y los Servicios Sociales, que han desplazado al lugar a los trabajadores sociales para atender a los ocupantes.