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UGT Servicios Públicos, primera fuerza sindical en las administraciones públicas

El sindicato, con una representatividad del 34,66% y 5 miembros, exige mejoras salariales, más empleo público y avances en derechos laborales

En una reciente reunión de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, celebrada en el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, se confirmó que UGT Servicios Públicos mantiene su liderazgo como el sindicato con mayor representatividad en el sector público, alcanzando un 34,66% y ocupando cinco de los puestos en la mesa de negociación. Durante el encuentro, el sindicato urgió al inicio de las conversaciones sobre una subida salarial para los empleados públicos en 2025, una solicitud que fue respaldada por el Ministerio, el cual se comprometió a convocar las negociaciones en lo que queda de enero.

El Gobierno aprovechó la ocasión para subrayar la relevancia de la negociación colectiva, resaltando su apuesta por un modelo de diálogo social abierto y en consenso. En este marco, UGT Servicios Públicos presentó sus propuestas, que giran en torno a la necesidad de un nuevo acuerdo plurianual que no solo apueste por la creación de más y mejores empleos públicos, sino también por la eliminación de la tasa de reposición de efectivos. El sindicato también abogó por el fortalecimiento de los derechos laborales, la mejora de las condiciones salariales y el fomento de la carrera profesional de los empleados públicos, lo que complementaría el acuerdo firmado en 2022 con CCOO.

En cuanto a las reivindicaciones salariales, UGT planteó la necesidad de recuperar el poder adquisitivo perdido durante los últimos años, así como el desarrollo progresivo de las pagas extraordinarias y un aumento de los trienios. También insistió en que la negociación colectiva debe tener un papel clave en la determinación del porcentaje de la masa salarial destinado a acción social y a la posible creación de planes de pensiones de empleo.

Por otro lado, el sindicato destacó la importancia de modernizar los procesos de acceso, promoción y movilidad en la Administración Pública, buscando hacerlos más ágiles y eficientes. También exigió reformas en la normativa de salud laboral, proponiendo sanciones para aquellas Administraciones que no cumplan con sus obligaciones en este ámbito.

Además, UGT Servicios Públicos hizo un llamado a la creación de planes de formación orientados a la digitalización de los servicios públicos, con el objetivo de garantizar que los empleados puedan adaptarse a los cambios tecnológicos sin que esto perjudique su estabilidad laboral ni sus derechos. Finalmente, el sindicato instó al Gobierno a completar la clasificación profesional establecida en el Acuerdo para una Administración del siglo XXI y a acelerar las reformas necesarias para implementar la jubilación parcial para los funcionarios y personal estatutario.

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