Mª Ángeles Ballesteros recuerda cómo la vida de su hermano, José María, cambió cuando solo tenía 20 años y cursaba estudios de Derecho en Granada. Fue allí cuando empezó a tener comportamientos extraños y a expresarse de manera incoherente, lo que llevó a que sus padres acudieran de inmediato para llevarlo de regreso a Ceuta. José María pudo terminar su carrera pero nunca llegó a ejercer. El tratamiento psiquiátrico que empezó a recibir sirvió para que aquella situación se controlara, sufriendo picos que llegaron a motivar ingresos hospitalarios, pero nunca había llegado a la situación extrema que vive ahora, con 54 años y varios meses mostrando un rechazo absoluto a la
medicación.
“Tengo miedo de que le ocurra algo”, expresa Mª Ángeles, completamente superada por una situación que le desborda. El caso de su hermano es uno más de alguien afectado por un
trastorno mental al que su familia quiere ayudar, pero que choca con continuas trabas burocráticas para lograr
incapacitarlo y conseguir así que sea ingresado en un centro donde pueda recibir su medicación y esté controlado.
“Mi hermano no se medica, no quiere tomar nada. Sale la calle en un estado lamentable, con una actitud que supone un peligro para él y para los demás ciudadanos”, explica esta ceutí que lleva años residiendo en Marruecos y que se encuentra derrotada, agotada, sola y sin ayuda para sacar a su familiar directo de ese mundo absoluto de dejación y de abandono que le lleva, por ejemplo, a salir desnudo a la calle, a hacer sus necesidades fisiológicas en la vía pública, a ver un mundo paralelo e irreal pero que considera que existe y que es producto de la falta de medicación, a hablar solo, a vivir en la vivienda familiar de una manera insalubre, sin higiene y expuesto a visitas de aprovechados que, viéndolo en ese estado, entran en su vivienda para robarle o pueden llegar a agredirle.
La situación de José María se fue agravando al quedarse solo. Sus padres fallecieron el mismo año, en 2006, pero en distintos meses. Su hermana murió hace siete años y Mª Ángeles -la única que le queda- marchó al extranjero por motivos profesionales. En este último año, con la pandemia y el confinamiento, todo empeoró. José María puede tener comportamientos violentos motivados por esa pérdida de control pero, a su vez, puede ser víctima de quienes no conocen su enfermedad y observan en él maneras difíciles de encajar en un funcionamiento social normal. Es incapaz de gestionar su propia vida, de asumir su enfermedad y medicarse, de tener una higiene y vivir de una forma normal.
A pesar de ello y a pesar de las condiciones en las que vive y de las pautas de conducta extremas que marcan su manera de actuar, su familia no ha conseguido que el proceso para incapacitarlo que llegaron a iniciar en el juzgado prospere para poder internarlo y derivarlo al centro de pacientes psiquiátricos de Málaga, que tiene un convenio con la Ciudad Autónoma. Los médicos no emiten un certificado que verifique ese estado mental extremo y que necesita un juez para intervenir, algo que ocurre en muchos casos similares al de José María y que supone la principal traba para que los procesos judiciales de incapacitación que persiguen un internamiento puedan prosperar. Las familias se quedan sin apoyo, solas, sin saber cómo lidiar con esta situación. Los pacientes, atrapados en ese mundo irreal, también sufren.
Es difícil de entender, pero cuando a José María se lo llevaron en ambulancia el pasado sábado al Hospital, con los pies llenos de heridas e hinchados ya que anda descalzo por su vivienda repleta de cristales, sin ser capaz de discernir la realidad y con un rechazo absoluto a medicarse, nadie firmó un parte que verificara que se estaba ante un paciente que debía ser ingresado de inmediato por su estado mental. A las horas estaba de vuelta a su casa, ubicada en la calle Fernández.
Mª Ángeles conoce por los vecinos del inmueble que “entra gente rara” en esa casa, personas aprovechadas que acceden a la vivienda de José María completamente expuesta y sin protección. “Es un peligro”, lamenta, temiendo que le puedan hacer algún daño físico o le puedan dar sustancias para drogarle. Eso sin contar los robos que ya ha sufrido y las entradas y salidas aprovechándose de una persona vulnerable. Las posibles escenas que puedan producirse, todas malas, se entremezclan en su cabeza y chocan siempre con ese muro de nula reacción de las administraciones para resolver este tipo de situaciones de manera urgente, evitando consecuencias que todos aventuran y que pueden producirse en cualquier momento. Su hermana tiene realmente miedo a que algo grave suceda.
Pero no solo Mª Ángeles teme lo peor, también los vecinos de la calle Fernández están desesperados por esta situación con la que tienen que convivir, por la degradación de su propio vecino y por los peligros de atracos en el interior del hogar o posibles entradas de okupas.
Son testigos de un problema humano y de insalubridad que afecta a todos los residentes de la calle Fernández número 2, del que han informado al Ayuntamiento sin obtener respuesta. La preocupación de todos ellos es constante, son testigos directos de algo que las administraciones no ven. O, mejor dicho, no quieren ver.
Vecinos han presentado reclamaciones y nadie les hace caso ante esta grave situación
Han presentado multitud de reclamaciones por escrito dirigidas a Servicios Sociales y a Sanidad en estos últimos meses. Reclamaciones presentadas por registro, constantes, aludiendo a la gravedad de lo que está pasando. Pues bien, nadie de alguna de esas áreas, a pesar del contenido grave recogido en esos documentos, ha acudido a la vivienda para conocer de primera mano el estado en el que vive esta persona y cómo afecta al vecindario ante el manifiesto peligro de que pueda suceder un hecho grave.
Los vecinos están agotados, sorprendidos de que nadie intervenga. Se encuentran desamparados y principalmente temen, como Mª Ángeles, lo peor.
El deterioro de José María es cada vez mayor, las consecuencias de su comportamiento no se pueden valorar porque es capaz, en ese estado, de cualquier cosa. Su propia hermana lo reconoce, puede tener comportamientos agresivos como también sufrirlos de otras personas.
Servicios Sociales y Sanidad del Ayuntamiento saben perfectamente lo que sucede, pero ni siquiera han girado una sola visita al lugar. La Policía Local llegó a entrar en la vivienda por las filtraciones que se ocasionaban desde el hogar a un empresa ubicada justo debajo y dejaron constancia de la insalubridad existente. Nadie ha actuado.
En cuestión de meses los vecinos han presentado varias reclamaciones, hasta un total de siete y de forma continuada. Así que la administración sabe perfectamente que este ceutí vive en su casa sin luz, que carece de agua caliente para asearse o para cocinar, que su vivienda está completamente abandonada, llena de porquería y de la misma sale un olor nauseabundo que afecta a todo el bloque, que hay cucarachas y roedores... Saben también, porque así lo han dejado por escrito los vecinos registrando su queja de forma oficial, que José María está expuesto a la entrada de cualquier ajeno para robar cosas de su interior -como ya ha sucedido-, para hacerle daño o sencillamente aprovecharse al carecer de cualquier tipo de protección en el acceso. Sale a la calle prácticamente desnudo, descalzo, tiene los pies destrozados y repletos de heridas infectadas y vive del alimento que le dan sus propios vecinos que le conocen de toda una vida y que son testigos directos de la degradación de un hombre que está atrapado en un mundo irreal, sin medicación y descontrolado completamente.
Son buenos vecinos que están desesperados y que reclaman una intervención urgente.
Pero José María es un invisible para quienes deben actuar: el Ayuntamiento, por un lado, y los médicos por otro. Los vecinos y su hermana piden ayuda, la urgen, han recurrido a El Faro de Ceuta para que toda la ciudadanía sepa qué está pasando y conozcan la falta de apoyo y cómo no tienen a nadie que resuelve la situación.
Por escrito los vecinos han pedido a Servicios Sociales que de manera urgente se active un protocolo de ayuda sanitaria para personas como José María, ejemplo de auténtico desamparo social y sanitario. Los vecinos, preocupados, hacen lo que pueden. Se topan con basura o enseres abandonados en las escaleras, la puerta de la casa siempre abierta, intentan razonar con él para que se deje ayudar, pero resulta imposible.
Esta situación ocurre y se mantiene en el tiempo con conocimiento de todos los que, se supone, deben intervenir de inmediato. Pero, muy al contrario, nada hacen. Y no por desconocimiento, eso es lo más grave, porque han sido informados puntualmente de esta situación; sino más bien por esa dejación continuada en la que incurre la administración incapaz de resolver los problemas inmediatos que necesitan sus propios ciudadanos.
Para iniciarse en el juzgado procesos de incapacitación ante este tipo de casos se debe contar con un informe médico que verifique que el paciente no puede regirse por sí mismo debido a su enfermedad. En demasiadas ocasiones esos informes no se hacen porque al examinarse a esas personas, la autoridad sanitaria considera que sí pueden regirse por sí mismas. Un hombre que deambula desnudo, que hace sus necesidades en la calle, que no reconoce a las personas, que puede adoptar comportamientos violentos, que habla solo, que se ríe a carcajadas de forma descontrolada, que vive en una auténtica casa de los horrores, que no se asea… ¿Eso es compatible con una situación normalizada? Ni para la hermana de José María ni para los vecinos, ni para nadie que conozca esta situación, lo es. Para la autoridad médica no parece ser suficiente como para emitir un certificado que favorezca su ingreso y que pueda servir para poner en marcha el procedimiento judicial.
A esa complejidad para iniciar este tipo de procedimientos, mirados con lupa, se suma el hecho de que en Ceuta no haya asociaciones privadas o públicas que se encarguen de atender a estas personas y que sí funcionan en otras comunidades. Incluso la Fiscalía General del Estado recogió en su memoria una dura crítica a que esto, en pleno siglo XXI, siga produciéndose en Ceuta.
¿Qué es lo que tiene que suceder para que la administración reaccione?, ¿a qué se exponen los vecinos de la calle Fernández víctimas colaterales de todo esto?, ¿cómo puede ser que alguien que no rige, que no se controla, que no toma medicación sea considerado por un médico como alguien que no tiene que ser incapacitado?, ¿cómo quedan esas familias que han visto la degeneración de un ser querido por una afección mental si nadie les ayuda?
Esta historia concreta tiene de protagonista a este ceutí, pero son muchas más las familias que están pasando por lo mismo, que no pueden hacer nada por su ser querido y que, queriendo iniciar un proceso de incapacitación para lograr su ingreso en un centro, solo encuentran trabas y complicaciones.
Una familia y unos vecinos desesperados, los únicos que ven esta realidad
Cuesta entender cómo tras casi una decena de escritos presentados en los últimos meses ante Servicios Sociales y Sanidad, nadie se haya preocupado de acudir a la vivienda para enterarse de la situación de esta persona. O cómo tras ser llevado en ambulancia al hospital no quedó ingresado dado su estado, complemente extremo al no tomar medicación.