El Gobierno de Ceuta prevé trasladar esta semana a los integrantes del grupo que el Pleno acordó constituir a finales de septiembre para “analizar la forma de gestión más sostenible y eficiente” de la limpieza pública viaria y la recogida de residuos las conclusiones a las que han llegado los técnicos encargados de la elaboración de una memoria que cifra entre 0,5 y 2,4 millones de euros el ahorro que, mejorando la prestación, lograría la administración con su municipalización.
Descontado el IPSI de la ecuación, las estimaciones realizadas apuntan que mantener externalizado el servicio no podría salir por menos de 26,5 millones de euros al año, mientras que su gestión directa una vez eliminado el beneficio industrial que se lleva Trace (más de 110.000 euros al mes, un 6% del total) y ajustados los gastos generales saldría por alrededor de 24.
Una incógnita por resolver es si la plantilla de la actual prestataria, integrada por algo más de 530 personas según el último censo electoral sindical, podría o no seguir beneficiándose de las bonificaciones en las cuotas empresariales a la Seguridad Social, unos 1,9 millones de euros al año.
Si no fuera así el ahorro neto para la Ciudad de la gestión directa oscilaría “entre 300.000 y 500.000 euros al año”, según las fuentes consultadas por este periódico.
Los técnicos se inclinan por constituir una nueva sociedad municipal dedicada en exclusiva a la limpieza viaria y la recogida de residuos porque, de entrada, la sucesión facilitaría mantener las bonificaciones, como no recurrir a Acemsa, que tiene la gestión del agua como objeto social básico, sector vetado expresamente.
Representantes de la Ciudad prevén desplazarse esta semana hasta Málaga para conocer la experiencia de la ciudad andaluza, que en 2020 recuperó el modelo público de gestión por el que se han inclinado claramente en la Asamblea Vox, MDyC y Ceuta Ya!, así como el PSOE hasta los últimos años.
El cambio de postura del PP no viene determinado solo por el ahorro que puede conseguir la Ciudad mejorando el servicio, sino también por las dificultades que, en términos de viabilidad presupuestaria, supondría en un ejercicio como 2024, para el que se ha previsto un desembolso en limpieza de 22 millones, liberar “seis o siete adicionales”.
La municipalización del servicio lo será, en realidad, de la gestión de su personal, ya que el Ejecutivo local ya tenía decidido construir entre 2024 y 2025 una base de titularidad municipal para el mismo en el puerto y adquirir en propiedad la maquinaria.
Los estudios realizados apuntan que la subrogación (la legislación la prescribe para todos aquellos con una antigüedad con la empresa saliente superior a 6 meses) será también más sencilla con la constitución de una nueva sociedad pública que asuma directamente el muy beneficioso Convenio actual del sector, que este año se ha anotado otro incremento del 8%.
La idea de la Ciudad es mantener “todos” los derechos laborales y salariales de los trabajadores, que pasarían a tener sus actualizaciones garantizadas como el resto de empleados públicos en línea con lo previsto cada año en los Presupuestos Generales del Estado.
La gestión directa también simplificaría el recurso a personal de otros ámbitos dentro de la administración para acometer trabajos extraordinarios o actuaciones de refuerzo, algo que ha sido fuente constante de conflictividad con el Comité de Empresa de Trace durante la última década.
En principio la Ciudad baraja la posibilidad de incorporar a al menos una parte, aproximadamente un tercio, de los trabajadores de las Brigadas Verdes, Tragsa y Obimace (alrededor de un 35%) a esa nueva empresa municipal.
La hoja de ruta del Gobierno de Vivas pasa por intentar llevar a Pleno el próximo mes de diciembre, como en 2022 se hizo con los autobuses urbanos, la decisión sobre la asunción de la gestión directa del servicio, así como la creación de la sociedad.
Si lo consigue las semanas y meses siguientes deberían dedicarse a los correspondientes trámites administrativos, burocráticos y logísticos (la base provisional del puerto con casetas prefabricadas todavía está muy en mantillas) para materializar la municipalización durante la primera mitad de 2024.
Entretanto se baraja firmar prórrogas forzosas sobre Trace de la prestación de un servicio esencial como es el de la limpieza “mes a mes”.
La municipalización de la limpieza pública viaria podría tener consecuencias directas sobre el mapa político de la Asamblea, ya que el líder de la oposición, Juan Gutiérrez, se vería abocado a elegir entre su trabajo como encargado general (que le reporta 50.474 euros netos al año) o el escaño de diputado (que le deja 20.548 en ingresos). Ya le pasó a Carracao. La Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) establece, como la de Bases de Régimen Local, que es incompatible ser concejal y “personal en activo del respectivo Ayuntamiento y de las entidades y establecimientos dependientes de él”. El Reglamento de la Asamblea ya no contempla que se pueda, como antes, “optar entre percibir la cuantía de las indemnizaciones por asistencia a Pleno y Comisiones de las que formen parte que señale el Pleno o la cuantía que vinieran percibiendo por el desempeño de su puesto de trabajo. El PSOE, como UGT, han evitado decantarse durante los últimos meses en relación con su posición sobre la asunción por parte de la Ciudad del servicio que hasta ha venido prestando Trace desde 2013. Los socialistas, cuyo voto no sería clave en este caso con todo el resto de la Cámara regional a favor, han apelado a que deben ser los trabajadores los que se pronuncien antes.
Menos gasto y viabilidad presupuestaria. Los técnicos estiman que, descontando el IPSI, el presupuesto de ejecución material del servicio de limpieza con el formato actual de gestión indirecta tendría un coste mínimo anual de 26,5 millones al año. La gestión directa (ya asumida para infraestructura y maquinaria) rondará los 24 con mejoras. El ahorro oscilará entre 2,4 millones al año si se mantienen las bonificaciones a la Seguridad Social y de 300.000 a 500.000 euros si no es posible.
Mismo Convenio Colectivo. Tal y como prometió el presidente de la Ciudad a la plantilla, sus derechos laborales y salariales no se tocarán. La nueva empresa pública asumiría su Convenio actual, que ha mejorado muy por encima del de los empleados públicos durante los últimos años. Una licitación podría, además, creen en el Gobierno, ponerlo en riesgo.
Más eficiencia y flexibilidad. La administración pretende coordinar mejor todos los servicios que actualmente tiene dedicados a limpieza y tareas conexas. Mientras que con una adjudicataria externa se augura conflictividad como la de la última década, con la gestión directa a la nueva empresa iría parte del personal de las Brigadas Verdes, Tragsa y Obimace para intentar mejorar de manera inmediata la prestación.
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