El TCu pide a la Ciudad un Plan Estratégico de Servicios Sociales

El Tribunal de Cuentas (TCu) ha incluido cuatro recomendaciones no recogidas en dictámenes anteriores en el Informe Anual de Fiscalización de la Ciudad Autónoma del ejercicio 2019 aprobado a finales de enero. Con ellas insta al Ejecutivo local a aprobar un plan de acción o una estrategia para implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible; a elaborar un Plan de Control Financiero por la Intervención; a aprobar un Plan Estratégico de Servicios Sociales; y a definir una unidad o servicio “que tenga asignada la función de realizar las evaluaciones ambientales y convocar al Consejo Sectorial para canalizar la participación de los ciudadanos y de sus asociaciones”.

El informe denuncia que la prestación del servicio de atención residencial a personas mayores adolece de “falta de planificación”, pues en 2019 no se hizo “ninguna inspección de oficio a las residencias de mayores”; y que solamente se ejecutó un 20% del presupuesto de prestaciones sociales para promocionar la igualdad y contra la violencia de género.

La Ciudad tampoco ha establecido un sistema de gestión medioambiental “normalizado y adaptado a las normas europeas e internacionales” ni ha elaborado un plan de inspecciones. En la gestión de los residuos, además, “no se ha ajustado” a los objetivos que se enuncian en el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos 2016-2020. En 2019 la Ciudad aumentó la deuda un 4%, situándose la ratio por habitante en 2.196 euros.

Respecto a la gestión de personal, el TCu lamenta que “la Ciudad ha seguido sin elaborar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) prevista en la normativa”. En 2019 un 4% de la plantilla de la Ciudad desempeñó puestos de superior categoría y el porcentaje de temporalidad del empleo público alcanzó un 24%. Asimismo, en dicho año hubo “incumplimientos en los incrementos retributivos de las horas por servicios extraordinarios y en los premios de jubilación”.

En el análisis efectuado sobre la gestión de la actividad subvencional se han puesto de manifiesto “inconsistencias en la planificación estratégica, así como determinadas deficiencias en las actuaciones de comprobación de la justificación y aplicación de las subvenciones”.

Por lo que se refiere a la gestión de los bienes patrimoniales, “se mantienen las mismas carencias de ejercicios anteriores en cuanto a la falta de elaboración de los inventarios separados del patrimonio municipal del suelo y de las vías públicas y zonas verdes de la Ciudad, la existencia de un elevado número de bienes sin valoración y otros pendientes de depuración y regularización, la falta de inscripción registral de la transmisión de la titularidad de los bienes recibidos del Estado en diferentes traspasos de competencias, la incorrecta valoración de las participaciones de sociedades dependientes, así como la ausencia de conteos y recuentos físicos”.

“Debilidades” de control

El órgano fiscalizador ha detectado “debilidades” en el control atribuido a la Intervención de la Ciudad, así como “en la organización general del personal y de los servicios de la Ciudad, en los procedimientos y registros contables, en la gestión patrimonial, así como en la de las subvenciones concedidas, que ponen de manifiesto la necesidad de mejorar y revisar los procedimientos aplicados en la gestión de la actividad económico-financiera” de la administración local.

El presupuesto aprobado inicialmente en 2019 se incrementó un 30 % como consecuencia de las modificaciones de crédito efectuadas, fundamentalmente por las incorporaciones de crédito. El grado de ejecución del presupuesto de gastos de la Administración General alcanzó un porcentaje del 76 % y el grado de liquidación del presupuesto de ingresos del 75 %, registrándose un déficit presupuestario de 3 millones de euros.

No obstante, esta magnitud se encontraba sobrevalorada en 11 millones de euros debido a derechos indebidamente reconocidos y a la falta de reconocimiento de obligaciones por gastos, servicios y compromisos devengados en el ejercicio.

El remanente de tesorería registrado a 31 de diciembre de 2019, que presentó un saldo positivo de 75 millones de euros, tampoco reflejaba la verdadera situación financiera a corto plazo de la Ciudad, encontrándose sobrevalorado, al menos, en 50 millones de euros, como consecuencia, principalmente, de la infravaloración de la provisión para insolvencias, de los compromisos de gasto no registrados con sus sociedades municipales, así como por la falta de registro de obligaciones con proveedores y cánones de concesiones administrativas con la Autoridad Portuaria de Ceuta.

El Tribunal valora que “ha sido objeto de cumplimiento la recomendación referida a la necesidad solicitar la provisión de los puestos de interventor y secretario de habilitación nacional para su inclusión en los concursos unitarios que celebra el Ministerio de Hacienda”, aunque “no se han acreditado actuaciones dirigidas al cumplimiento de las recomendaciones relativas a “la confección de un Registro de Personal” o el cese en la práctica financiera de aprobar modificaciones de crédito sin la cobertura financiera necesaria; y la elaboración la documentación pertinente sobre el impacto de género en la definición y presupuestación de las políticas públicas.

El resto de las recomendaciones se consideran en curso de cumplimiento: adaptar el sistema de información contable de la Ciudad al Plan General de Contabilidad Pública adaptado, aprobar una relación de puestos de trabajo y regular unos mecanismos de revisión, control y cruce periódico y sistemático de los estados contables de la AGCE y sus entidades dependientes.