La situación política en España se ha hecho tan evanescente que es difícil opinar con certezas. Pero es innegable que la crisis por la que atraviesa Ceuta es consecuencia también de esa situación que vivimos en España. Nuestro vecino reino podía haber realizado lo que está realizando en otros muchos momentos, pero tiene buen olfato para saber cuando la situación para acosar a España le es propicia. Razones no le faltan, porque en circunstancias semejantes han logrado buenos resultados. Así que, estando las cosas como están, para contrarrestar el descalabro, al gobierno de la Ciudad, que podía como Marruecos haber tomado medidas durante estos años anteriores para organizar un futuro viable, se le ha ocurrido ahora plantearnos un “documento de trabajo” como panacea para lograrlo. Pero, como en los tiempos que corren no parece muy efectivo alzarse como el Alcalde de Zalamea, aún no siendo muy seguras las certezas, si que es conveniente analizar el documento y poner cada cosa en su sitio.

Hace unos tres meses, al comentar el fallo de la Sentencia del Tribunal Supremo en el recurso de casación interpuesto por la Ciudad de Ceuta contra la Sentencia del TSJ de Andalucía de 30 de marzo de 2017, sugería que la Ciudad no preparaba bien la defensa de su poder autonómico. No era mi intención referirme con ello a la calidad del recurso presentado, que ni era mencionado ni se comentaba en ese artículo ni estaba en mi ánimo cuestionar, sino que se trataba con esa frase de poner de manifiesto la continua predisposición de la Ciudad para no ejercer con resolución y eficacia el poder autonómico que el Estatuto le otorgaba, siendo el comportamiento adoptado en su funcionamiento más el de un ente local que el de una ciudad que dispone de un Estatuto de Autonomía. Vuelvo a tener la misma impresión ahora al observar cómo reacciona ante la crisis sobrevenida por las actuaciones del vecino reino de Marruecos, sin hacer uso de los recursos que el Estatuto le atribuye. Supongo que, en parte, por la falta de especialización que se observa en su Administración, como, en otra parte, por el comportamiento político de quienes están al frente de sus instituciones.

Sea como fuere, lo urgente es asumir lo que somos y comportarse como tal. Hace años que esta crisis se “veía de venir”, como dicen nuestros castizos, y la parálisis ha sido la respuesta de nuestras instituciones. Apenas algunas escaramuzas verbales y poco más. Y no ha sido porque en la sociedad civil no faltaran ni preocupación ni reclamaciones. La Ciudad, como José María Campos suele escribir, a pesar de la situación, ha ido a la deriva. Es decir, sin dirección o propósito fijo, a merced de las circunstancias. De modo que es exigible que nuestras autoridades, todas, sin excepción, se comporten no solo con la autoridad que de hecho o de derecho ostentan sino, también, con el prestigio y crédito que se les reconoce por su legitimidad y su presunta competencia.

Sucede, por el contrario, que ya sea por la simplicidad a que las modas actuales nos tienen acostumbrados, o bien por la conducta política populista y altisonante a la que nuestro país se ha entregado, las decisiones que se están adoptando parecen inoperantes y condenadas al fracaso, lo que a su vez podrían dar origen a la frustración y al desengaño de nuestros conciudadanos. No es la primera vez que algo así se ha producido en Ceuta y experiencia tenemos para volver a tropezar con la misma piedra.

Entrando en el meollo de la cuestión, las alarmas saltan y no solo por lo crítico de la situación, sino por el modelo de respuesta que se nos propone. Me refiero al documento de trabajo que el Gobierno de la Ciudad ha elaborado y difundido bajo el título “Por un futuro más estable y seguro para Ceuta”, dando un plazo por escrito a partidos políticos, sindicatos, empresarios y otras instituciones para que en diez días puedan hacer sus aportaciones y “luego confeccionar el estudio definitivo que se elevaría al Gobierno de la Nación”. Vamos, una Carta a los Reyes Magos en toda regla.

¿Cuáles son las deficiencias que este método comporta? En principio parece fruto de la improvisación y, además, contiene todos los elementos para condenarlo a la ineficacia. Conociendo cómo funciona el sistema político en nuestro país en los actuales momentos, el método es una perita en dulce para seguir el camino que insinuaban los Hermanos Marx: “Hemos salido de la nada para llegar a las más altas cotas de miseria”.

"Entrando en el meollo de la cuestión, las alarmas saltan y no solo por lo crítico de la situación, sino por el modelo de respuesta que se nos propone"

Veamos por qué lo digo, tras una atenta lectura del documento, tratando de poner cada cosa en su sitio:

1º. No hay mejor estrategia para provocar disensiones que redactar un texto partidario, trufado con la filosofía extremista que en la actualidad predomina, para concitar el mayor rechazo de quienes van a ser sus destinatarios últimos. El conflicto o la descalificación están servidos. ¿No habría sido mejor crear un ámbito de reflexión, nombrar a especialistas que asesoren y aporten racionalidad y confeccionar entre todos un documento consensuado?

Años de práctica política en mayoría absoluta no han propiciado una experiencia positiva en los métodos de participación y consenso. Pero improvisar en estos momentos es un riesgo que no podemos permitirnos. De manera que repartir un texto sacado de la chistera como si fuese el conejo de un ilusionista, es probable que no encuentre la respuesta esperada. ¿O es eso lo que bajo la estrategia de la confrontación se espera? En todo caso, mala suerte para los intereses generales, que tan poco al día de la fecha se llevan. Aunque en lo que si estoy de acuerdo, como el papel invoca, es que sin consenso mayoritario y un clamoroso sustento de los actores principales en esta función, la reclamación es papel mojado. Por lo tanto, si es esa unanimidad la que se necesita, mejor empezar por negociar un documento siguiendo un método más eficaz y participativo.

"¿Cuáles son las deficiencias que este método comporta? En principio parece fruto de la improvisación y, además, contiene todos los elementos para condenarlo a la ineficacia"

Una relación de medidas, un totum revolutom, a semejanza de un voluntarioso programa electoral, no puede en estas circunstancias servir como método de trabajo. Sobre todo cuando quien lo propone dispone poco de lo suyo y mucho de los demás. Habría que empezar por reclamar lo que en su momento el presidente de los Estados Unidos hizo célebre en su toma de posesión: “No te preguntes que puede hacer tu país por ti, sino que puedes hacer tú por tu país”. Es decir, hay que reclamar pero con la legitimidad de que quienes más afectados estamos, hacemos todo lo que podamos antes de pedir el auxilio de los demás. Sin esa premisa, con poca legitimación nos moveremos.

Un examen detallado del documento confirma que no solo la mayoría de las medidas y de las actuaciones que se programan corresponden al Estado, sino que se utilizan muy poco las competencias autonómicas para aportar algo. Esto tiene que ver con la reiterada reclamación de un Plan Estratégico para la Ciudad, que nunca se tomó en serio y ahora el documento lo propone como algo que ya han elaborado. Cualquier especialista en este tipo de planificación sabe que un plan estratégico no existe sin la participación de los representantes de los intereses concernidos. Objetivos y método para lograrlos son las piezas esenciales de un consenso sin el cual no hay plan que se estime como eficaz.

Tiene también esto que ver con la inexistente práctica que en la ciudad existe de la gobernanza, un concepto que aporta un comportamiento práctico sobre cómo abordar la función de gobierno de forma más eficaz e integradora, y que se asumió como modelo por la Unión Europea desde la publicación en 2001 del Libro Blanco sobre la Gobernanza Europea, en el que se señala que el ejercicio de los poderes a nivel europeo deberían seguir las pautas de cinco principios: apertura, participación, responsabilidad, eficacia y coherencia. Por lo tanto, una acción política eficaz y favorecedora del bien “más” común tendría que estar basada en el debate y el acuerdo.

3º. En mi libro La autonomía de Ceuta en 20 capítulos, explico cómo la Delegación del Gobierno de Ceuta es una organización atípica en el conjunto del sistema autonómico español, pues a su organización se atribuye la ejecución de un conjunto de competencias que no se ejercen por la administración estatal en el resto del Estado, lo que supone una anomalía en el funcionamiento del Estado y de las Delegaciones, pues no siendo los delegados elegidos por la población local, sino designados o nombrados por el gobierno de la Nación, su vinculación con la representación política autonómica en la Ciudad puede ser o no ser coincidente. Esto tiene efectos anormales si lo comparamos con el resto de las Comunidades Autónomas, pues “no es solo que los representantes de esos intereses de la ciudad afectados por ese conjunto de materias no participen en las decisiones que tanto les conciernen, por no existir cauces institucionales para ello, lo cual es una carencia que no se da en el conjunto del Estado, sino que, además, al estar las funciones principales de los delegados relacionadas con la dinamización de las políticas generales del Gobierno o bien con la necesidad de evitar que los problemas locales trasciendan más allá de sus límites, su gestión tiende a pretender evitar problemas y a mantener el statu quo sin adoptar medidas a medio y largo plazo”.

Esta situación atípica obliga a mantener una interlocución antes de elevar más allá de nuestro ámbito las reclamaciones que se produzcan. Incluso el Estatuto de Autonomía establece en su artículo 33 la posibilidad de constituir órganos conjuntos encargados de elaborar y controlar la ejecución de planes y programas conjuntos. Que yo sepa, nunca se ha utilizado esta disposición, lo cual coincide con esa opinión general que al principio de este artículo mencionaba.

En este sentido, muchas de las medidas y casi la mayoría de las actuaciones que se incluyen en las “Medidas” afectan a las competencias que ejerce por el Estado la Delegación del Gobierno. Siendo esto así ¿se ha efectuado alguna consulta? ¿Se ha previsto alguna vía de cooperación? Estando tan afectada por la situación la propia Delegación y siendo la distancia tan corta para, al menos, comentarlo, no concibo cómo las susodichas “medidas” se van a implementar sin su participación.

4º. Para situaciones como la que nos afecta, nuestro sistema autonómico tiene previsto el mecanismo de cooperación que se denomina Comisión Bilateral. Son como las Conferencias Sectoriales a las que nuestra Ciudad asiste, pero en vez de tratar materias sectoriales que a todos las partes le afectan, las Bilaterales están previstas cuando los problemas o necesidades atañen a un solo ente autonómico. Entonces se convocan con la participación de ambas partes, con representantes de las materias implicadas para intentar resolver los problemas. Su organización, reuniones de trabajo y convocatoria compete al Ministerio de Política Territorial y Función Pública. No obstante, no tiene sentido que, previamente, los temas concernidos no se traten con la Delegación del Gobierno, pues sin su criterio la cooperación no será fructífera.

"Se echa en falta que con todo el plan de medidas propuestas, que afectan a la competencia de otras muchas instituciones distintas a la de la Ciudad, no se incluya ni se mencione el procedimiento que pretenden seguir"

5º. Se echa en falta, por otra parte, que con todo el plan de medidas propuestas, que afectan a la competencia de otras muchas instituciones distintas a la de la Ciudad, no se incluya ni se mencione el procedimiento que pretenden seguir. En este caso, es casi más importante la forma de llevar a cabo su innominada tramitación que el contenido que se anuncia. Es la “madre del cordero”. ¿Por qué de ello nada se dice?

Como nada se dice del procedimiento que van a seguir para atender las peticiones o críticas de quienes han sido por correo consultados, dándole tan solo diez días para pronunciarse. ¿Cómo van a atenderse las peticiones? ¿Por quién? ¿Serán los enigmáticos redactores del papel quienes “corten y peguen” a su elección lo que reciban? ¿Sin discusión? ¿Sin explicaciones? Extraña manera de lograr un consenso en situación tan delicada. Sin luz ni taquígrafos se hurta el debate a la opinión pública, tan implicada en este menester.

6º. En este empezar la casa por el tejado, queda en entredicho que aquello que se puede hacer por el gobierno de la Ciudad, siendo de su competencia autonómica y no sea necesario que se negocie con el Estado, no se realice con toda la urgencia que se requiere y es posible. ¿Por qué no se consensúa con el resto de las fuerzas políticas locales, se debate un plan posible y se pone este en práctica sin otras dilaciones? ¿Por qué se mezcla todo?

¿El nuevo PGOU del que tanto se habla por qué no se ha empezado a realizar? ¿Ese misterioso Plan Estratégico del que la ciudadanía nada sabe, donde está, a qué intereses afectan? El Fomento del desarrollo económico de la Ciudad, artículo 21.1.11 del EAC, ¿por qué no se ha acometido ya? Las medidas de promoción y ordenación del turismo, artículo 21.1. 16 del EAC, ¿cuándo se aplicarán? Las medidas que afectan al comercio interior, a la pesca, a la industria, a todas las restantes materias en las que el Estatuto le da competencia a la Ciudad y afectan al impulso del desarrollo económico local ¿por qué no se han establecidos en un Plan de medidas para llevar urgentemente a cabo por la Ciudad sin esperar a la negociación de las otras medidas?

Y así, en un amplio ámbito de actuación en el que la Ciudad dispone de competencias, sería más deseable dar ejemplo de cómo se hace en casa y poder luego, limpiamente, reclamar la ayuda de los demás poderes del Estado, donde evidentemente hay mucho que reclamar. Pero, en esto también, resulta necesario no ir en barbecho, sino preparar informes, estudios, racionalización de las decisiones, aportaciones de un consenso necesario y eficaz. Es cierto que esto implica mucho trabajo, pero la Administración autonómica no carece de los efectivos suficientes para llevarlo a cabo, así que es el momento de demostrar que los funcionarios que tenemos lo han sido por su merito y calidad y pueden, por consiguiente, dar repuesta a los retos que nos asedian.

7º. Y por último, aunque habría mucho de lo que seguir hablando, nada de esto debe interpretarse como un eximente para las demás partes. Se critica un documento que ha sido propuesto, que al menos es la punta de un iceberg que está a la vista, pero es momento de hacer extensible que la inacción, por muchas dificultades que existan, es la peor de los opciones posibles. De modo que aplíquese cada cual aquella frase de John Fitzgerald Kennedy, preguntándose en cada una de las organizaciones políticas y sociales que existen en la ciudad qué podemos hacer por ella. Con cada cosa en su sitio todo será más trasparente y podremos hacer balance de donde estamos y donde merecemos estar.

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