La entrada y salida de transfronterizos marroquíes exporta una imagen pésima de la ciudad, impide el desarrollo del turismo marroquí, perturba la contratación de trabajadores...
Esta semana la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía publicaba un informe sobre la frontera del Tarajal que aporta datos interesantes, algunos conocidos, otros no. Analizar el informe nos puede hacer reflexionar sobre el grado de dejadez o tolerancia sobre cuestiones que deberían tener una especial atención de los responsables de vigilar, controlar o fomentar desde el empleo a la propia seguridad ciudadana.
Según el informe 25.000 marroquíes acceden diariamente por la frontera del Tarajal para trabajar en Ceuta; además indican que los empleadores locales se beneficiarían de mano de obra barata, según APDHA “los trabajadores transfronterizos realizan tareas que los locales no estarían dispuestos a ocupar por ese salario y en esas condiciones”. Estos datos son muy significativos, no por aportar referencias desconocidas, pero sí, por varias razones. En primer lugar, si a la ciudad entran diariamente 25.000 personas y la mayor parte en horario de mañana, surge la pregunta. ¿Cuántos pasaportes y personas tienen que inspeccionar los funcionarios que prestan servicio en dicho punto? En segundo lugar, brotan otras preguntas, ¿hay trabajadores en el desempleo en Ceuta; cuántos trabajadores transfronterizos están inscritos en la Seguridad Social; cuántos empresarios han sido denunciados por emplear a ciudadanos transfronterizos irregularmente o sin cotizar a la Seguridad Social?
Las preguntas la deberían contestar los organismos responsables en cada una de las materias, pero creemos que las respuestas serían para alarmarse, porque dejarían en evidencia a los garantes de estas cuestiones o, en su caso, a la APDHA, si la administración puede desmentir el informe, pero difícilmente se podrá contradecir.
Hay un apartado dedicado exclusivamente a las mujeres o, mejor dicho, a las mujeres empleadas como trabajadores domésticas. La APDHA subraya que las trabajadoras domésticas suponen el 27’5% del empleo de extranjeros y el 50% de las autorizaciones de empleo, además apuntan en un sueldo de entre 17 y 22 euros, descontado el gasto de transporte de estas personas. Es necesario apuntar que el anterior delegado del Gobierno, Francisco Antonio, intentó acabar con este empleo irregular generando la posibilidad de contratarlas legalmente. Sin embargo, esta iniciativa ha tenido escaso éxito, porque no se ha realizado un seguimiento serio y los empleadores prefieren explotar a estas mujeres, curiosamente señoras en su mayoría. Nos sorprendería conocer el número de mujeres transfronterizas contratadas desde que se regularizó esta posibilidad por el anterior Delegado del Gobierno.
En definitiva, la entrada y salida de transfronterizos marroquíes exporta una imagen pésima de la ciudad, impide el desarrollo del turismo marroquí, perturba la contratación de trabajadores locales; facilita la explotación laboral y, por supuesto, el fraude a la seguridad social. Lamentarse de la entrada y salida de porteadores o solucionar el problema desviando el comercio irregular o atípico, como gusta definir, no solucionará el gran problema que tenemos en nuestra Ciudad y, no es otro, que la entrada de personas que NO VIENEN A TRABAJAR o que vienen a trabajar sin cotizar a la Seguridad Social, porque los empleadores optan por contratar marroquíes por las razones que apunta la APDHA.
Un control efectivo en la Aduana del Tarajal es fundamental para acabar con la presión en dicho punto y, por supuesto, para mejorar de forma sustancial la seguridad ciudadana, además de minimizar la explotación laboral y fomentar el empleo de los desempleados locales. Estas tres premisas están estrechamente ligadas, porque el fomento del empleo repercute de forma sustancial en la seguridad ciudadana. Puede parecer un objetivo imposible, pero no sería difícil agilizar el paso de marroquíes con contrato laboral, como tampoco poner en marcha mecanismos para exigir un contrato a las mujeres y hombres que tratan de acceder diariamente sin tener un contrato laboral.
Hemos oído de todo, incluso justificar la agilización del paso haciendo pases especiales a personas sin contrato laboral que legitime la especial vinculación del transfronterizo con España. La afluencia de personas no puede servir como coartada, porque sin contrato laboral no debe haber elemento diferenciador entre transfronterizos. Hacer oídos sordos a esta realidad no servirá de pretexto ni exonerará de responsabilidad a los que tienen la obligación de velar y vigilar desde las contrataciones de trabajadores hasta la seguridad ciudadana.
Saber quién entra y para qué, es un derecho que tienen los ciudadanos. No se puede entrar diariamente para trabajar sin contrato laboral y, mucho menos, para deambular por la ciudad, prostituirse, buscar en contenedores o mendigar, porque genera inseguridad ciudadana. Evitar el acceso de estas personas es posible y acabaría con muchos de los problemas que tiene la ciudad, entre otros, perdonen la redundancia, el de la inseguridad ciudadana.