El sindicato de trabajadores penitenciarios Tu abandono me puede matar (TAMPM) ha dado un nuevo paso en su lucha por los derechos laborales del funcionariado en Ceuta. La organización ha encargado a un bufete de abogados la interposición de una reclamación formal contra el Gobierno de España, exigiendo que se materialice “de manera inmediata” el incremento adicional del 0,5% en las retribuciones de los empleados públicos, correspondiente al ejercicio 2024.
Este aumento salarial fue acordado como parte del marco retributivo para los empleados del sector público, pero su aplicación ha quedado en suspenso, según denuncia el sindicato, bajo el argumento de que no se han aprobado los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Desde TAMPM aseguran que esta justificación no se sostiene legalmente, ya que el mandato para aplicar dicho incremento deriva de una disposición de carácter general con rango de Ley. En consecuencia, sostienen que su ejecución no requiere de una nueva norma presupuestaria, sino únicamente del acuerdo del Consejo de Ministros y su posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
“Ese mandato no puede decaer simplemente porque no estén aprobados los Presupuestos Generales del Estado para 2025”, recalca el sindicato. “En todo caso, esos presupuestos regularían las retribuciones públicas correspondientes a ese año, pero no afectan a las devengadas en el ejercicio anterior, es decir, 2024”.
En un comunicado, la organización sindical ha manifestado su decisión de acudir a la vía legal para exigir el cumplimiento de lo pactado. "Consideramos viable y necesario interponer esta reclamación ante el Gobierno para hacer efectiva la obligación que le impone la ley", han señalado, subrayando que no aceptarán excusas ni dilaciones por parte de la administración.
Además, TAMPM ha anticipado posibles obstáculos en el proceso: “Nos pondrán trabas e intentarán vetarnos en las negociaciones, pero no podrán impedirnos reclamar lo que corresponde a los trabajadores”. La organización acusa al Ejecutivo de faltar a sus compromisos con el personal público y reitera que seguirá defendiendo los derechos laborales desde todos los frentes posibles.
Esta reclamación se enmarca en un clima de creciente tensión entre los colectivos de empleados públicos y la administración, debido al estancamiento en la mejora de condiciones laborales y salariales en diversos sectores del Estado.
Sin ir más lejos, a principios de año UGT Servicios Públicos y el Área Pública de CCOO valoraron que se hiciera efectiva la subida salarial pendiente del 0,5% adicional para el año 2024 comprometida en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI e instan al Gobierno a iniciar la negociación de un nuevo pacto. Así lo recogían en un comunicado realizado en Ceuta.
Un acuerdo que, dicen, debe avanzar en áreas esenciales como empleo, derechos y retribuciones para mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos y el servicio que se presta a la ciudadanía.
El aumento del 0,5% adicional y consolidable que iba ser efectivo una vez quedara publicado en el BOE el acuerdo del Consejo de Ministros. Este incremento es aplicable a las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2023 y culmina los compromisos salariales del acuerdo actual.
El aumento salarial adicional del 0,5% para 2024 estaba condicionado al cumplimiento de un requisito macroeconómico: que la variación acumulada del IPC armonizado (14,6% entre 2022 y 2024) superase el incremento retributivo fijo de ese periodo (8%). El requisito se ha cumplido y, una vez salvada la referida publicación en el BOE, el aumento retributivo se debería llevar a cabo a la mayor brevedad posible por parte de las distintas Administraciones Públicas.
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