El consejero de
Fomento del Gobierno de Ceuta, Alejandro Ramírez, ha acordado suspender el otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y
licencias urbanísticas de edificación, parcelación y demolición en varias zonas de la ciudad autónoma afectadas directamente por el
Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado provisionalmente por el Pleno la semana pasada. En la misma situación quedan, cautelarmente, las licencias de demolición de inmuebles catalogados o propuestos para catalogación “hasta que se produzca la aprobación definitiva del documento” por parte del Ministerios de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que tiene seis meses para pronunciarse y cuyo silencio, en su caso, se interpretaría como positivo. Las correcciones y ajustes introducidos en el nuevo PGOU tras su segunda aprobación inicial de 2016 no se han considerado “sustanciales”, por lo que el documento ha podido continuar su tramitación sin tener que dar marcha atrás una vez incorporada también la Memoria Ambiental elaborada a cuatro manos por el Ministerio de Transición Ecológica y la Consejería de Fomento. El planteamiento general vigente aprobado en 1992 ha visto derogados todos sus planes desarrollados salvo el de las Muralles Reales del Ángulo y el Especial de Catálogo y Protección del Conjunto Histórico del Recinto de la Almina (a excepción de las condiciones de ordenación de área de la plaza Rafael Gilbert para poder acometer la reordenación del Mercado Central de Abastos). El nuevo Plan plantea para la ciudad una estrategia “de crecimiento centrípeto” cuya idea primigenia es “priorizar la utilización de las bolsas de suelo disponibles en el suelo urbano con carácter previo a la clasificación de suelo urbanizable”. El objetivo es “garantizar al máximo la salvaguarda de los valores naturales del Monte Hacho y García Aldave en compatibilidad con la posibilidad de su puesta en valor para uso y disfrute por la ciudadanía”.
A tal efecto se ha reducido el ámbito de suelo urbano en la falda del primero con una nueva delimitación más acorde con la cota paisajística de protección de la fortaleza y, para no modificar la cuantificación de superficie global de clasificación del suelo, se ha optado por aumentarlo en terrenos de titularidad municipal en el entorno del Príncipe Alfonso que proceden de actuaciones de transformación de urbanización ya ejecutadas de acuerdo con el planeamiento en vigor y conforme al proyecto de urbanización de la barriada. El borde sudoeste queda como principal vector de expansión “en consonancia con las nuevas grandes instalaciones de Defensa e Instituciones Penitencias”. La alternativa definitiva dejará la ciudad con un 60,2% de superficie no urbanizable (en el PGOU vigente se quedaba en un 59,8% con 1.185 hectáreas), un 36,9% de suelo urbano (730,7 hectáreas incluida la ampliación del puerto en terrenos ganados al mar) y un 2,8% de urbanizable. La superficie de suelo incluida en actuaciones de transformación urbanística es de 169,62 hectáreas, de las que dos tercios están ubicadas en suelo urbano (lo que supone un 15,53% de su extensión). En total se prevé poder levantar 4.740 viviendas libres y 3.418 protegidas, así como dejar 246.650 para actividades económicas. Para su implantación se prevé extender los polígonos del Tarajal y el de Cortijo Moreno, poner en marcha un parque comercial donde hoy se encuentra la CEPSA en Benítez y crear una nueva zona industrial en Loma Colmenar. En conjunto, el Tarajal y el Puerto aparecen señalados como “los dos polos de actividad económica de la ciudad” cuyas sinergias aumentarían con el futuro eje viario de conexión directa en parte subterránea.