Susana Díaz, la impuesta presidenta del reino de taifa conocido como Junta de Andalucía, tiene un ratón, que en este caso ni es chiquitín, ni come bolitas de anís, sino que muestra un voraz apetito por bogavantes distrayendo erario público. El principal provecho curricular de esta avezada política es haber sido la palmera más impetuosa de “Griñán de los EREs”, fervorosa turiferaria de aquellos que ahora andan escondiéndose tras un escaño para evitar la rápida acción de la justicia, y silente caprichosa de los desmanes del caciquil gobierno andaluz.
Mal anda el PSOE si tiene como referente a esta política de casta que comparte demérito con Fátima Báñez, a la sazón ministra de trabajo, por jamás haber tenido un trabajo remunerado fuera de la política, pésimo ejemplo de cómo se escala socialmente en una Andalucía que se debate entre el hambre, la miseria, el paro y la eclosión social de los parias madurada con ahínco por las instituciones democráticas después de 30 años de socialismo.
En pleno escándalo por el fraude más grande de toda democracia, que algunos cifran en más de 1.400 millones de euros, y en el apogeo desenfrenado por el uso indebido de las ayudas públicas recibidas por UGT, cuyas cifras más pesimistas sitúan por encima de los 700 millones de euros, la Cámara de Cuentas de Andalucía ha hecho público un informe sobre la fiscalización de las subvenciones de la decrépita Junta de Andalucía.
El informe no debería tener desperdicio para la fiscalía, ya que señala que el 89% de las ayudas concedidas durante un periodo de tiempo se hicieron sin concurrencia competitiva , necesidad de justificación, y por encima del importe máximo permitido como exige la Ley de Subvenciones.
Para mayor burla pública a los ciudadanos, todas estas características que se repiten a lo largo del informe, concurren en el caso de la desaparecida Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo sobre la que pesa la contratación de decenas de personas sin concurso mérito de empleo que, además, si no lo remedia la justicia, pasarán a ser funcionarios del Servicio Andaluz de Empleo.
A Susana Díaz le va a hacer falta algo más que un cambio de gobierno a modo de raticida para acabar con la imbricada corrupción andaluza que afecta a una Junta de Andalucía que se negaba a dar las actas de reuniones -democráticas- a un juzgado, con más de 170 regidores o ex-regidores socialistas dando explicaciones, más de una treintena de causas abiertas, un Partido Socialista Obrero Español descabezado, gobernando de la mano de una IU que hace oídos sordos a la putrefacción con tal de pisar alfombra roja, y que va en coche oficial a acompañar a Gordillo en sus peculiares visitas al supermercado.
Si este es el modelo de gobierno que nos propone el Partido Socialista Obrero Español exportar para el resto de España, apañados vamos.
