El Tribunal Supremo ha condenado al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, a 24 años de prisión, a su exasesor Koldo García a 19 y al empresario Víctor de Aldama a cuatro y medio por irregularidades en la compra de mascarillas en la pandemia.
Así lo ha decidido por unanimidad el tribunal de la Sala de lo Penal en una sentencia dada a conocer este lunes tras la celebración del juicio contra los tres acusados durante los meses de abril y mayo, que se extendió durante 14 jornadas.
La Fiscalía Anticorrupción pedía penas de 24 años de prisión para el exministro, 19 y medio para su exasesor y 7 para Aldama.
Por su parte, las acusaciones populares que encabezó el PP reclamaban 30 años para el exministro y su exasesor, que se encuentran en prisión provisional desde el pasado noviembre, mientras que para el empresario solicitaban cinco años.
Durante el juicio, tanto Ábalos como su exasesor se declararon inocentes de los hechos que se les acusaba y pidieron su absolución, mientras que Aldama reconoció haber participado en los delitos de cohecho pasivo, organización criminal y aprovechamiento de información privilegiada.
El TS condena al exministro José Luis Ábalos a 24 años de prisión y a Koldo García a 19 años por delitos de organización criminal, cohechos, malversación y tráfico de influencias.
En el caso de Aldama, le condena a 4 años y medio, pero suspende la ejecución de la pena por su aportación al descubrimiento de los delitos y a condición de no delinquir, presentar un informe semestral de actividades y hacer 1 año de trabajos en beneficio de la comunidad.
La sentencia, adoptada por unanimidad, concluye que los tres acusados formaron una organización criminal con reparto de funciones que cometió graves delitos de corrupción.
Considera probados los delitos en la adjudicación del suministro de trece millones de mascarillas a Puertos del Estado y Adif a una empresa vinculada a Aldama.
A esto añade la remuneración mensual de 10.000 euros para 'gastos fijos' de Ábalos, la contratación de dos conocidas del exministro en empresas públicas, el pago del piso a una de ellas, el contrato de arrendamiento con opción a compra entre Aldama y Ábalos de un piso en Madrid, y el arrendamiento de viviendas en Marbella y La Línea de la Concepción también con opción de compra por gestiones relacionadas con la emisión de una nota de prensa sobre rescate de Air Europa y para la concesión de una licencia de hidrocarburos.
Se destaca el grave deterioro de la confianza ciudadana en el sistema político que provoca la corrupción, que socava la arquitectura democrática del Estado.
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