La Justicia da por finalizado sin efecto el acto de conciliación propuesto por Ahmed Hachmi Lamrani, que entendía que era él y no Mohamed el presidente de esta entidad La Justicia ha reconocido a Sufian Mohamed Abdelkader como presidente de la Comunidad Islámica de Ceuta Pasaje Recreo Alto después de una polémica suscitada por Ahmed Hachmi Lamrani, quien decía que era él quien ocupaba este cargo.
El pasado día 20 se celebró el acto de conciliación propuesto por Lamrani. En el mismo, Mohamed manifestó que no se avenía y aportó documentación acreditativa de ser actualmente presidente de la Comunidad Islámica, cuya copia se trasladó a la parte conciliante. Así, se dio por terminado sin efecto el acto de conciliación.
Lamrani había denunciado a Mohamed al entender que el primero era presidente de esta corporación –antes sí lo era, pero su mandato finalizó–. Sin embargo, el segundo tiene en su poder el acta de la asamblea general extraordinaria celebrada el 8 de diciembre de 2011, que recoge que había resultado elegido máximo responsable de esta entidad.
Sin embargo, Lamrani “seguía actuando como presidente, ilegalmente, e incluso publicaba noticias en los medios de comunicación bajo el nombre de la Comunidad”, añadió Mohamed en declaraciones a este medio.
Ahora la Justicia da por finalizado sin efecto el acto de conciliación y reconoce a Mohamed como presidente de esta entidad.
En aquella asamblea general extraordinaria del 8 de diciembre de 2011 se eligió la nueva Junta Directiva. Ésta quedó formada por: Sufian Mohamed Abdelkader (presidente), Mohamed Nadir Abselam Mustafa (vicepresidente), Ahmed Mohamed Ahmed (secretario general), Mohamed Mohamed Ali Chellaf (tesorero), Karim Abdeselam Duas Rais (vocal), Ismael Mohamed Haddu (vocal) y Yusef Mohamed Dris (vocal).
Los nuevos responsables de esta entidad aseguraron en declaraciones a este medio que ésta se encuentra correctamente registrada y que los documentos correspondientes a la asamblea general extraordinaria fueron entregados a las administraciones públicas, así como al Ministerio de Justicia, competente en el ámbito de comunidades religiosas.
