El presidente de la Ciudad de Ceuta, Juan Vivas, y su consejero de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos, Alejandro Ramírez, se reunirán este lunes por la tarde con el Comité de Empresa de Trace. Ante ellos se encontrarán a cinco centrales divididas por la posible municipalización del servicio de limpieza pública viaria y recogida de residuos: UGT, CSIF y UNT radicalmente en contra y CCOO y Solidaridad totalmente a favor.
Los contrarios a que la administración asuma la gestión directa y la plantilla se convierta en empleados de una nueva sociedad municipal, el plan por el que se inclinan los técnicos para asumir el Convenio Colectivo vigente, alegan que hasta ahora les ha ido muy bien con una empresa privada.
Y tanto. Los salarios en Trace han aumentado un 25,2% desde que esa UTE se hizo con la concesión del servicio, en 2013, diez puntos porcentuales por encima de lo que han medrado las remuneraciones en el sector público.
La de negociar con un patrón que sabe que cualquier actualización salarial debe ser asumida por la Ciudad con dinero público es una ventaja que UGT, CSIF y UNT esgrimen para convencer a la plantilla de que rechace la municipalización, un marco en el que las subidas de sueldos quedarían ligadas a lo establecido en los Presupuestos Generales del Estado para el conjunto de los empleados públicos y en el que tampoco cabrían determinadas ayudas sociales, la promoción directa de fin de semana a jornada completa tal y como está establecida actualmente o la posibilidad de dejar en ‘herencia’ los puestos de trabajo.
Los pliegos que rigieron el concurso encargado a Trace establecían que “la revisión de precios de los costes de la mano de obra que opere en cada ejercicio no podrán vincularse en ningún caso a los incrementos que puedan derivarse de los convenios colectivos suscritos por el adjudicatario”.
Sin embargo la concesionaria ha logrado que la Justicia le dé la razón y fuerce a la Ciudad a hacerse cargo de cada subida de sueldos no firmando un acuerdo laboral de empresa, sino uno sectorial para Ceuta. Lo rubrican las mismas personas, pero su rango somete a la administración, que un año sí y otro también se ve expuesta a amenazas de huelga ante cada nueva negociación como la que se avecina, ya que el Convenio vence a fin de año.
En 2012 y 2013 los sueldos en la concesionaria de la limpieza pública estuvieron congelados, como en el sector público entre 2012 y 2015 tras la crisis económica.
Los salarios estuvieron congelados en Trace en 2012 y 2013, como en el sector público 4 años
Los dos últimos años de ese cuatrienio en Trace lograron un incremento salarial “igual al porcentaje de revisión de canon del contrato”, que fue mínimo, como la inflación.
En 2016 obtuvieron un incremento del 50% del plus de transporte y en 2017 una subida del 1% a la que se sumó otra por encima del 3% en 2018 y una más del 1,2% en 2019.
En 2020 la actualización se ligó de nuevo al canon, como en 2021, ya con el IPC en el 6,5%. El año pasado los trabajadores consiguieron percibir íntegra su cuarta paga extraordinaria anual, la de San Martín de Porres, y este ejercicio sus remuneraciones han aumentado un 8%.
Mientras, en la administración la mayor subida de sueldos se registró en 2022, un 3,5%, y el presente ejercicio, un 3%. En 2021 no alcanzó ni el 1% y en 2019 se situó en el 2,5%.
Uno de los motores de la apuesta por la gestión directa del servicio es la “insostenible” evolución de sus costes laborales. Además, los técnicos han detectado “un alto índice de absentismo en la empresa” que ronda el 16% y para el que no existen límites en los Pliegos con los que Trace se hizo con la adjudicación en 2013, “lo que provoca un detrimento del servicio y un incremento importante de los costes del mismo”.
Estabilidad, la baza de la administración
El Gobierno de Vivas asegura que los derechos de los trabajadores de Trace han sido uno de los pilares de la reflexión iniciada sobre la posibilidad de municipalizar el servicio de limpieza pública viaria.
El presidente ya se comprometió en septiembre con los representantes de la plantilla a blindar sus condiciones laborales y salariales en caso de recuperar la gestión directa del servicio, pero UGT, CSIF y UNT mantienen que no podrán conservar todas sus condiciones actuales en caso de pasar a depender directamente de la administración.
El Ejecutivo local pretende hacer valer, por su parte, las ventajas que en términos de “estabilidad” y “seguridad” tendría para el plantel, integrado por unos 530 trabajadores que se subrogarían siempre y cuando acumulen una antigüedad mínima de seis meses, quedar encuadrados en una sociedad pública como la que se baraja constituir para absorber también a medio plazo personal procedente de ámbitos conexos como Tragsa, las Brigadas Verdes u Obimace.
Acreditar la “eficiencia y sostenibilidad”, exigencia para ir a la gestión directa
Todos los trabajadores que tengan carácter de fijos en la empresa que presta el servicio externalizado lo conservarían al pasar a depender de la administración
Los técnicos de la Ciudad se inclinan por crear una nueva sociedad municipal para llevar la limpieza pública viaria e intentar, así, mantener las bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social que permiten a Trace ahorrarse actualmente unos 1,9 millones de euros al año.
Para poder prestar el servicio mediante sociedad mercantil, tal y como advirtió la Intervención de la Ciudad durante la municipalización de los autobuses urbanos, se requiere una memoria justificativa para “acreditar que resulta más sostenible y eficiente que otras formas, para lo que se deberán tener en cuenta los criterios de rentabilidad económica y recuperación de la inversión”.
Además, deberá constar en el expediente la memoria justificativa del asesoramiento recibido, que se tendrá que elevar al Pleno para su aprobación con los informes sobre el coste del servicio, así como el apoyo técnico recibido, que deberán ser publicitados. A estos efectos, se tienen que recabar también informe del interventor para valorar “la sostenibilidad financiera de las propuestas planteadas de conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Los tribunales han señalado que “la jurisprudencia se ha pronunciado mayoritariamente a favor de considerar que la determinación de la forma de gestión de un servicio de competencia municipal no entra en el concepto de establecimiento de una actividad económica”.
Así, no sería necesario un expediente de municipalización del servicio se trata de algo que ya venía prestando la administración municipal bajo otra forma de gestión.
Por lo tanto, según se ha sentenciado, “no existe una exigencia de acreditación de que sea más sostenible y eficiente la gestión directa que la indirecta de los servicios públicos de competencia local, lo que se hubiera dicho de haberse querido, como se hace para las modalidades de gestión directa”.
Con respecto al personal transmitido, el Estatuto de los Trabajadores establece que siempre que tuviera carácter fijo en la empresa cedida, este personal conservará su fijeza en la Administración pública, descartándose, a diferencia de lo que anteriormente ocurría, la figura del indefinido no fijo en plantilla.
aquí todo el mundo se sube el sueldo , incluidas las empresas municipales,
menos los funcionarios, cuando pide sus derechos ,
el político de turno lo manda a tomar por cu...,
En la empresa privada tiene más fácil 🔌 enchufar a amiguetes y familiares, en una empresa pública saben que es más complicado enchufar, hay que hacer concursos opicision y méritos todos por iguales
Se te acaba el chollo, vividor