Así lo califica el presidente de Melilla, Juan José Imbroda. Y no le falta razón. En esto del reparto de menores bien parece que estamos “en una subasta”, como lo califica, valorando donde colocar a unos y a otros.
Son parches, medidas de urgencia que no resuelven nada. Esta semana el responsable político en la materia vuelve a viajar a Madrid. Reuniones, de nuevo, con los responsables del Ministerio. Encuentros similares a la cascada de reuniones que tuvieron lugar a finales de agosto en nuestra ciudad.
No se trata ya de hablar, sino de aplicar una política global con el consenso de todas las formaciones y sin extremismos que ayuden a canalizar la llegada de menores como se debe.
Abordar esto sometiéndolo a momentos puntuales es un grave error y parece que es lo que se hace. Llegará el frío y no se puede tener a menores en naves del Tarajal, tampoco en tiendas en Piniers ni en un hostal. No se puede tener en esas condiciones a una chavalería que ya bastante tiene que soportar las etiquetas que los criminalizan por situaciones que les son ajenas.
En pleno octubre no se puede estar repitiendo el mismo encuentro, reuniéndose con los mismos cargos y abordando los problemas suscitados por la presión migratoria infantil. Todo se sabe, nada hay que descubrir, sobre la mesa la única opción es sellar una política que sirva para hoy y para mañana, una política adecuada tanto a las presiones y repuntes migratorios como a periodos de calma. Pero una política fija, convertida en norma, no sometida a los cambios políticos ni a las relaciones más o menos tensas entre partidas.
Hoy por hoy el tema se está abordando como un mercadeo, como una subasta. Y eso ni es bueno para los propios menores ni soluciona una realidad cada vez más inhumana.