Tanto la Administración General del Estado como la Ciudad Autónoma están logrando resultados contra el fraude fiscal.
Así lo han confirmado el delegado del Gobierno, Nicolás Fernández Cucurull y la consejera de Hacienda, Economía, Administración Pública y Empleo, Kissy Chandiramani, después de una reunión de coordinación que ha tenido lugar en la Delegación del Gobierno y donde también participaron la Agencia Tributaria, Aduana y el organismo autónomo Servicios Tributarios.
La consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, ha anunciado que, desde que comenzó el año 2018, han logrado multiplicar por tres las bases imponibles de las liquidaciones que se realizan en el Punto de Atención de Transporte Terrestre (PATT) en el puerto.
Es decir, que esas liquidaciones que presentan quienes introducen en nuestra ciudad productos considerados como tóxicos se han visto en la obligación de abonar un 300% en sus pagos del IPSI.
Los cálculos que estaba manejando el organismo autónomo Servicios Tributarios era de que la defraudación en el apartado del comercio tóxico podía llegar al 60%.
La misma consejera ha indicado que “esa multiplicación por tres de mercancías que se encuentran infravaloradas se ha logrado solicitando mayores garantías y con liquidaciones que realiza el mismo organismo de Servicios Tributarios.
De todas maneras, alegó que no podían ofrecer más datos, ya que todavía se están tramitando los expedientes con los consiguientes trámites de audiencia a los interesados.
La máxima responsable del área ha confirmado que tanto políticos como técnicos habían puesto todos los datos encima de la mesa, a la vez que se habían vuelto a definir las prioridades.
Para Chandiramani, el trabajar sobre el fraude fiscal es un objetivo que les habían pedido los propios comerciantes para que las mercancías de Ceuta sean competitivas y seguir apostando por el propio comercio tradicional.
La consejera también ha expresado que el trabajo exhaustivo que se estaba produciendo se estaba notando en el paso del Tarajal II, donde todos los días están entrando aproximadamente unos 2.500 porteadores “y se ha logrado que el precio del bulto haya bajado de los 150 euros de hace unos meses a los 10 o 20 euros actuales”.
Ese mismo dato lo ha señalado el delegado del Gobierno, Nicolás Fernández Cucurull, al referirse a que “no vamos a parar porque todo este proceso se hace en beneficio de los empresarios que cumplen con sus obligaciones contra los que utilizan las ventajas del sistema para introducir mercancías tóxicas, que producen problemas, incluso, desde el punto de vista de la seguridad”. ha reflejado el máximo responsable de la Administración General del Estado en nuestra ciudad que todas las medidas que han puesto en marcha están dando sus frutos “y comienzan a verse ya los resultados en el Tarajal II”.
Después de la reunión que se produjo en la Delegación del Gobierno, todos los participantes se trasladaron hasta el Punto de Atención del Transporte Terrestre (PATT), que se encuentra a la salida del mismo control de la Guardia Civil para los vehículos que desembarcan de los ferrys, “porque queremos ver como podemos ayudarles las autoridades a este funcionamiento.
Porque es cuestión de mejorar la fluidez, pero también que los controles sean exhaustivos”.
En esta lucha tan exigente contra el fraude fiscal incluso ha llegado a abordarse en reuniones en Madrid entre el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro y el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas.
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