EFE
A mediados de diciembre Marruecos ordenaba el traslado de un aduanero destinado en el puesto fronterizo marroquí, que separa Ceuta de Marruecos, a Alhucemas. De aquella decisión no se dieron más explicaciones oficiales, enmarcando esa medida en una acción disciplinaria asociada a quejas de ciudadanos.
La orden de traslado fue fulminante, y la ausencia de una versión oficial ha dado pie a un debate en el que chocan dos versiones frontalmente enfrentadas.
Una, la de los ciudadanos que sí han presentado denuncias formales más allá de la mera rumorología exigiendo que se adopten medidas porque consideran que se sintieron humillados en el trato, además de no considerar ajustadas las órdenes de decomiso de mercancía que portaban y que fueron cursadas en su contra.
Otra, la de quienes consideran que ese traslado del aduanero se ha ejecutado porque el funcionario en cuestión cumplía a rajatabla la normativa, lo que ha motivado el oportuno rechazo. A esto suman el dato de que procedía por igual con todas las personas, fueran de la condición económica que fueran.
El hecho es que sobre la mesa hay dos incidentes que sí han motivado la presentación de denuncias formales con las que se exige la apertura de una investigación sobre las prácticas realizadas en la aduana marroquí. Y esto choca con el silencio de las autoridades marroquíes y la falta de confirmación de si realmente se está investigando lo ocurrido.
Es el caso de una familia de Tetuán que ha denunciado el maltrato sufrido por el cabeza de familia delante de esposa e hijos, y que reclama una investigación sobre la garantía de derechos de ciudadanos en la frontera.
En la queja remitida al responsable de Aduanas en Rabat, presentada a finales de octubre, se expone cómo se había llevado a cabo un decomiso de mercancías por parte de este funcionario de “manera humillante y arbitraria”.
El afectado, que reside en Madrid, expuso que sufrió un decomiso de objetos que había adquirido en el extranjero. Solicitó el recibo de la incautación o un documento que acreditara esa intervención sin obtenerlo.
Considerando que “lo incautado no supera los 400 dirhams”, se recoge en la denuncia, “eran alimentos perecederos para uso personal” por lo que no se había incumplido ninguna norma.
Otra de las quejas data de noviembre de este año y fue protagonizada por otra familia que regresaba a Marruecos por el cruce de Ceuta.
Tras realizar una visita turística familiar, se les exigió abrir el vehículo y sacar algunos de los objetos que se encontraban dentro de un baúl. Fueron intervenidos “objetos sencillos como un cepillo de dientes, chocolate y galletas, cuyo valor no superaba los 300 dirhams”.
El denunciante, que posee visado turístico legal, expone que es propietario de una empresa especializada en aluminio, vidrio y acero inoxidable, y dispone de un vehículo cuyo valor se estima en 54 millones de céntimos. “Es inconcebible que se me acuse de contrabando de mercancías de esta manera, especialmente cuando los objetos incautados son artículos sencillos que no justifican tal actuación”.
En la denuncia presentada puso de manifiesto haberse sentido humillado por lo que reclamó la apertura de una investigación sobre el incidente para determinar la legalidad de este procedimiento, verificar la veracidad de los cargos imputados “en ausencia de cualquier prueba de mi incumplimiento de la ley” así como iniciar un procedimiento sancionador.
Marruecos ha ejecutado la orden de traslado sin ofrecer más información ya no solo sobre esta medida, sino también sobre si realmente se ha iniciado una investigación al respecto.
Esa sombra y oscurantismo es, precisamente, la que hace chocar las dos versiones enfrentadas sobre esa orden de retirada enmarcada en un espacio fronterizo sometido a criterios cambiantes y a normas cuestionadas por los ciudadanos.
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Pues igual que aquí. Denuncias a un funcionario por algún motivo de peso, y te enteras por terceras personas de si se tomaron algún tipo de medidas al respecto, sin que se informe a la persona que denunció. Y si te enteras...