Ceuta atendió en 2024 a casi 900 menores extranjeros no acompañados. Una cifra que refleja los que llegaron, pero que ni por asomo apunta a la realidad que se registra en la frontera sur a diario, con intentos de entrada, muertes y desapariciones.
Ceuta, como Canarias, son territorios que están soportando una presión por ser zonas fronterizas, debiendo asumir asuntos que son competencia nacional. A pesar de ello se han visto solas, desamparadas.
El comportamiento ha sido egoísta por parte de algunos territorios, también desde formaciones como el propio PP que ha dirigido unos intereses bien alejados de los que necesitaba Ceuta. El Gobierno ha apostado por defender a los ceutíes y no las siglas, algo que les honra.
El traslado de menores y su reparto por las diferentes comunidades autónomas se ejecutará teniendo en cuenta los criterios establecidos, sin tintes políticos, basándose en realidades.
El objetivo no es otro que dimensionar el sistema de protección de todo el país para llevar a cabo una acogida de menores solidaria y sostenible, así como aplicando criterios homogéneos de niños, niñas y adolescentes.
Ese es el camino, un camino alejado de polémicas, basado en principios como la solidaridad territorial, sin discriminaciones ni penalizaciones. Porque esto último es lo que ha estado sufriendo Ceuta, como Canarias, una penalización por estar ubicadas donde están, como si su obligación fuera la de tener que asumir la población migrante infantil cuando es un asunto de todos.
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