El sindicato Solidaridad, con representación en Ceuta, ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el nuevo Reglamento de Extranjería, aprobado por el Gobierno el pasado 19 de noviembre y que entrará en vigor el 20 de mayo.
Según Solidaridad, este reglamento supone una "grave amenaza" para los derechos de los trabajadores españoles y los residentes legales, además de "promover la inmigración ilegal y precarizar aún más el mercado laboral".
Entre las principales modificaciones impugnadas, Solidaridad destaca la ampliación de visados para la búsqueda de empleo. El reglamento extiende estos visados de tres meses a un año, una medida que el sindicato considera que “fomenta la saturación del mercado laboral y agrava el desempleo entre los trabajadores nacionales”.
También hace hincapié en la autorización laboral para familiares reagrupados: "La normativa permite trabajar a cónyuges e hijos de residentes sin realizar trámites adicionales, lo que genera una competencia desleal para los trabajadores locales".
Sobre las nuevas figuras de “arraigo”, el sindicato señala que facilitan la legalización de inmigrantes en situación irregular con requisitos significativamente reducidos. Esto, advierte Solidaridad, “incentiva la inmigración ilegal y perjudica a quienes cumplen con las normativas previas”.
"En cuanto a las facilidades para regularizar situaciones irregulares, la disposición transitoria quinta permite a quienes lleven seis meses en situación irregular obtener una autorización de residencia", lo que Solidaridad califica como una “amnistía encubierta”. Y, sobre la priorización de colectivos específicos en desprotección, "la disposición final tercera introduce reformas normativas para proteger a colectivos en riesgo por conflictos políticos, étnicos o religiosos", una medida que Solidaridad cuestiona por su impacto en el equilibrio del mercado laboral.
Solidaridad recalca que seguirá luchando por proteger los derechos de los trabajadores de España frente a normativas que atenten contra su estabilidad laboral y social. “El nuevo reglamento es un paso atrás en la defensa de los derechos de nuestros trabajadores”, critica el sindicato.
“No podemos permitir que se utilicen los reglamentos como herramientas para promover la inmigración irregular y la competencia desleal en el empleo”, ha declarado Rodrigo Alonso, secretario general del sindicato.
Solidaridad reafirma su compromiso con la defensa de los intereses de los trabajadores y exige al Gobierno la retirada inmediata de estas medidas que, de mantenerse, supondrán "un retroceso en la lucha por condiciones laborales justas".
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