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Defensa cambia la norma de analíticas de orina tras la queja de Atme

Los "cacheos indiscriminados" y la "obligación de orinar bajo la mirada directa de un testigo con visión directa de los genitales" han sido declaradas "improcedentes", expone Atme

La Asociación de Tropa y Marinería Española (Atme) se ha congratulado de que el Ejército reconozca que la forma de realizar los controles de orina en algunas unidades "vulnera la dignidad de los militares". En Ceuta hay cuantiosas sentencias que tienen que ver con los resultados de estos test.

Atme se congratula de haber logrado este "hito" en la defensa de los derechos fundamentales de los militares: que el Ministerio de Defensa haya cambiado la norma de analíticas de orina gracias a su acción.

Tras remitir un escrito a la cartera que dirige Margarita Robles cuestionando la forma en que se estaban realizando los controles de orina para la detección de sustancias psicotrópicas en las bases de El Goloso (en Madrid) y El Príncipe (en Paracuellos del Jarama, también en Madrid), la asesoría jurídica del Ejército ha emitido un fallo "contundente: los procedimientos utilizados hasta ahora eran atentatorios contra la dignidad de los soldados".

Los "cacheos indiscriminados" y la "obligación de orinar bajo la mirada directa de un testigo con visión directa de los genitales", prácticas "habituales" en estos controles, han sido declaradas "improcedentes", expone Atme en una nota de prensa.

Trato "denigrante" y "vulneración del derecho a la intimidad"

La Asesoría ha reconocido que estas acciones suponen un trato "denigrante por la humillación" que suponen y una "vulneración flagrante del derecho a la intimidad".

"Ser militar no implica renunciar a los derechos fundamentales recogidos en la Constitución", subraya esta asociación de militares.

A su juicio, este fallo sienta un "precedente" y demuestra que la lucha por la "dignidad y el respeto" debe prevalecer en cualquier ámbito, incluso en el seno de las Fuerzas Armadas.

La queja de Atme

El escrito de Atme vino precedido de una recopilación de quejas de sus socios sobre la forma en que se realizaban estos controles, al creer que se pudiera “estar atentando contra su derecho a la intimidad personal, al honor y a la propia imagen, términos recogidos tanto en la Ley Orgánica de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas como en la Constitución Española”.

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