Las oenegés Save The Children y Andalucía Acoge y Gentium, como representación letrada, han pedido este sábado al Comité de los Derechos del Niño de la ONU que ordene suspender la “expulsión colectiva” iniciada por España de niños migrantes solos que permanecen en Ceuta desde mediados de mayo. Lo han hecho a través de una comunicación individual con solicitud de medidas provisionales urgentes en nombre de diez de los 1.108 menores marroquíes no acompañados que accedieron a Ceuta entre el 17 y el 19 de mayo y se quedaron en la ciudad autónoma. Por ellos reclaman la suspensión de las repatriaciones sin el aval de la Fiscalía ni del Servicio de Protección a la Infancia local.
“Ninguno de los [30] menores [devueltos a su país de origen] fue preguntado sobre su voluntad de volver a Marruecos, ni contó con asistencia letrada, ni tampoco con ninguna de las garantías previstas para el procedimiento de repatriación […] y la Fiscalía de Ceuta tampoco fue informada, sin poder escuchar o asistir a ningún niño antes de su expulsión”, alerta el escrito.
Desde su punto de vista “la expulsión de las víctimas a Marruecos en estas condiciones supondría la exposición a los niños a una situación que afectaría irremediablemente a su situación personal y que no podría ser reparada con posterioridad, en la medida en que una devolución posterior a España en caso de que se considerara la expulsión contraria a la Convención es altamente improbable”.
Por ello piden a la ONU que, “con el fin de evitar daños irreparables en las víctimas”, solicite urgentemente a España “la adopción de medidas provisionales consistentes en la suspensión de cualquier acto o actuación iniciado o que prevea iniciar dirigido a su expulsión a Marruecos”.
El Decanato del Colegio de Abogados de Ceuta ha “confirmado” a los denunciantes que sus letrados no ofrecieron asistencia alguna a los afectados por el procedimiento, que tildan de “arbitrario” y contrario a la Convención de los Derechos del Niño de 1989 que explícitamente exige respetar el acuerdo suscrito entre España y Marruecos en 2007 sobre retorno de menores migrantes solos en el que supuestamente se ampara Interior para dar cobertura legal a la operación de repatriación iniciada.
Las oenegés han apelado a la ONU mientras siguen preparando un escrito al Juzgado de Guardia de Ceuta solicitando la adopción de medidas cautelarísimas de suspensión de las devoluciones, aunque asumen que en cualquier caso su dictamen no se produciría hasta el próximo miércoles.
“La celeridad y falta de garantías y procedimiento escrito con el que se produce el procedimiento de expulsión de los menores hacen ineficaz cualquier recurso previsto en el derecho interno del Estado que permita a las víctimas evitar la expulsión inminente a Marruecos, momento en el que el daño ocasionado será ya irreparable”, concluye su texto.
En él remarcan que “la forma de proceder por parte de España, prescindiendo de cualquier cauce procedimental con garantías y en un plazo de tiempo que impide la defensa de los derechos de las víctimas con carácter efectivo, cualifica como ‘circunstancias excepcionales’ a efectos de lo dispuesto en las Directrices sobre medidas provisionales”.
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