Sindicatos y empleados públicos recogen firmas en protesta de Gallardón

Consideran que se vulnera el derecho de que los ciudadanos opten a la Justicia Los empleados públicos de la Administración de Justicia, a nivel nacional y con repercusión en cada provincia, han iniciado en las puertas de los centros de trabajo una recogida de firmas que se prolongará durante el mes de diciembre y enero "con la finalidad", dicen los trabajadores secundados por los sindicatos CCOO, FSP-UGT , CSI-F y STAJ, " de unir fuerzas, porque es el momento de que profesionales y ciudadanos luchemos por una Justicia de calidad, universal y gratuita, una Justicia para todos porque nos jugamos nuestro futuro", explican.
Asimismo, en una nota conjunta se explica que "los empleados públicos al servicio de la Administración de Justicia no podemos permanecer impasibles ante las tropelías que están llevando a cabo, y que, tarde o temprano van a tener consecuencias devastadoras en nuestros puestos de trabajo y en los derechos laborales que ya se están deteriorando día a día".
De tal modo, consideran que esto se evidencia en los siguientes puntos de manera específica: "La naturaleza abusiva y claramente perturbadora del derecho constitucionalmente protegido de la tutela judicial efectiva que se ha manifestado con la aprobación de la Ley de Tasas Judiciales, en contra de todos los colectivos relacionados con la justicia y ciudadanos; la reforma de la LOPJ, con la imposición de unas condiciones laborales pésimas a quienes de una u otra manera servimos a la Justicia, y recortes de derechos laborales y salariales a todos los colectivos, movilidad geográfica que perjudica aún más el funcionamiento de la justicia; la mercantilización del Registro Civil y otros proyectos de reforma ya anunciados, poniéndolos en manos de profesionales del cobro; y la falta de financiación, de medios personales, materiales y organizativos, que ha sufrido la Administración de Justicia por todos los Gobiernos impidiendo su desarrollo y modernización y se utiliza ahora como argumento para justificar su privatización", concluye la opinión.