“Hay que ir con la Ley por delante” o “necesita una mayor definición” fueron algunas de la expresiones con las que los sindicatos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han reaccionado ante la intención de fijar puntos para devolver a los inmigrantes que accedan de manera ilegal a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. El artículo 14 del tratado firmado por ambos países abre la puerta a que se establezcan puntos para devolver a Marruecos a aquellos inmigrantes que hayan entrado irregularmente a territorio nacional, tanto por vía marítima como saltando la valla. En base a este acuerdo, los inmigrantes interceptados pueden ser devueltos a Marruecos si este país así lo acepta, sin realizar ningún tipo de gestión administrativa, cumpliéndose un tratado que ha sido ratificado por el reino alauí años después de haberse suscrito.
Para las asociaciones de Policía Nacional y Guardia Civil, los términos incluidos en el tratado hispano-marroquí de 1992, y que el país vecino ratificó definitivamente en octubre del pasado año, “no están nada claros” y pueden “chocar” con la Ley de Extranjería.
El asunto no ha convencido, por ejemplo, a la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) que subraya que según lo establecido en la Ley de Extranjería, estas devoluciones no deben realizarse sin ciertas garantías, como poner a disposición del inmigrantes un interprete, un abogado y la apertura de un expediente de expulsión del país. “¿Cuántos traslados de inmigrantes se han llevado a cabo así en los últimos años?”, preguntaron desde la asociación del Instituto Armado.
Desde la AUGC subrayaron que la Benemérita “no es el brazo inquisidor de nadie” y que los agentes siempre deben actuar “con la Ley por delante”. En la misma línea, consideraron que España “se ha pillado los dedos hasta el hombro” con este tratado, ya que su puesta en práctica choca con lo que dicta la normativa de Extranjería.
En el caso de las entradas irregulares por vía marítima destacaron que sí hay posibilidades de que haya devoluciones sin previo trámite al existir un vacío sin cumplimentar sobre la jurisdicción. “Nosotros no podemos infringir la Ley. La de Extranjería indica que los inmigrantes deben ser llevados a la Jefatura de Policía para la apertura de un expediente de expulsión. De ponerse en práctica lo que dice el tratado, ¿qué hacemos con cuestiones como el derecho de asilo?”, añadieron desde la AUGC. “Si quieren introducir algún cambio en este área, que modifiquen la Ley”, recomendaron.
“Debe estar todo claro y especificado por escrito en la normativa vigente”, insistieron en referencia a las devoluciones a Marruecos. “Es comprensible que las quieran agilizar para paliar la inmigración irregular, pero todo tiene que hacerse de manera legal”, concluyeron. Hay que recordar que el artículo 14 del tratado firmado por ambos países abre la puerta a que se establezcan puntos para devolver a Marruecos a aquellos inmigrantes que hayan entrada irregularmente a territorio nacional, tanto por vía marítima como saltando la valla. En base a este acuerdo, los inmigrantes interceptados pueden ser devueltos a Marruecos si este país así lo acepta, sin realizar ningún tipo de gestión administrativa, pero cumpliendo los “requisitos lógicos” de comunicación entre ambas naciones para que estas acciones se lleven a cabo.
“Hay un auténtico galimatías entre el tratado y la ley”
Los sindicatos policiales no quieren polémicas y piden que se explique claramente cómo actuar en caso de entrada irregular de inmigrantes, ya que existe todo un debate abierto sobre si es correcto obrar como marca el acuerdo entre España y Marruecos o según lo especificado en la Ley de Extranjería. “Es un auténtico galimatías y se debe poner orden en este asunto. Que indiquen qué hay que hacer en estos casos o que modifiquen la Ley de Extranjería. Hace falta una mayor claridad. Nosotros somos conocedores del derecho, pero desde luego no somos profesionales en la materia”, indicaron.