El Sindicato Médico Profesional de Ceuta exige al Ingesa que se retiren todas las mascarillas defectuosas entregadas a nuestra ciudad. En concreto, las pertenecientes
al lote de más de 2000 mascarillas FFP2 enviadas a Ceuta por el Ministerio de Sanidad, del modelo N95 ‘Garry Galaxy’, en envase verde. Según un informe elaborado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, estas mascarillas “no cumplen con la normativa” y, por tanto, no reúnen las condiciones de protección necesarias para proteger al personal sanitario del
COVID-19.
Además de esta medida, el Sindicato también demanda que se identifique con urgencia a todo el personal sanitario de Ceuta que haya podido emplear dichas mascarillas y que se les realice inmediatamente el test PCR para descartar el posible contagio por su uso y que se les haga un seguimiento de su salud, como ya se está realizando en otras comunidades.
Frontal oposición a su uso como quirúrgicas
El Sindicato Médico de Ceuta desea manifestar públicamente su indignación y frontal oposición en relación con las declaraciones del Ingesa sobre la posibilidad de cambiar el uso de las mascarillas defectuosas. En ellas el Ingesa plantea no devolverlas y “convertir esas mascarillas FFP2 en mascarillas quirúrgicas, porque así se pueden reutilizar”, amparándose “en los criterios que se han marcado desde el servicio de medicina preventiva del Hospital Universitario de Ceuta”. El Sindicato expresa que es necesario retirar inmediatamente todo el material defectuoso, como señala el Ministerio de Sanidad, y devolverse al proveedor. En ningún caso, según el organismo local, deberán ser usadas como mascarillas quirúrgicas o para otro fin, ya que la salud y la vida de los sanitarios y pacientes podrían estar en juego.
Por último, desde el Sindicato Médico se pide que se depuren responsabilidades ante este grave hecho que consideran que atenta contra la seguridad de los trabajadores y la de los pacientes, además de añadir desconcierto entre los profesionales sanitarios. En adición, el organismo remarca que los sanitarios tienen derecho a trabajar con un material de protección homologado y suficiente que les proteja en esta lucha contra la pandemia del COVID-19.