El derecho básico a la
Educación no es el único inalienable del que se ven privados algunos menores en Ceuta. El
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) también regatea con la atención sanitaria como el Ministerio de Educación y la Delegación
lo han hecho durante años con escolarización de niños residentes de manera efectiva en la ciudad. No hace falta remitirse al Comité de los Derechos del Niño de la ONU (que subraya la “importancia del acceso al máximo nivel disponible de asistencia sanitaria y nutrición durante la primera infancia”). La legislación nacional establece que “en todo caso” los extranjeros menores de dieciocho años deben tener acceso a la
Sanidad “en las mismas condiciones que los españoles. Sabe bien que la realidad no es a este lado del Estrecho como la pintan las normas la familia de María [nombre ficticio], nacida en Ceuta, con nacionalidad
marroquí, acogida de hecho por su abuela “desde que tenía tres días” en una situación que fue reconocida legalmente por las autoridades judiciales hace solamente seis meses, algo que no debería ser trascendente a efectos sanitarios. Al filo de los 14 años, la joven ha estado hasta este jueves sin más cobertura médica que la de los servicios de urgencias, la que se prevé para los adultos foráneos en situación irregular (sólo por enfermedad grave o accidente hasta la situación de alta médica y de atención al embarazo, parto y postparto). “La chica”, explica su tía materna, “ni siquiera ha podido acceder todavía a todas las vacunas que le corresponderían por edad y nunca ha tenido un médico de cabecera”. De (más) pequeña, a la falta de asistencia sanitaria plena se sumó también el veto que, por razones burocráticas como la falta de certificado de empadronamiento que avalase su residencia real y efectiva en Ceuta, imponía el MEFP para adjudicar un puesto escolar. La niña se vio obligada a acudir a las aulas de Digmun y finalmente pudo ser escolarizada en un Centro de Infantil y Primaria público del que pasó al instituto en el que estudia actualmente, siempre con el déficit de la atención médica. “Hace seis meses, cuando por fin pudimos formalizar el acogimiento por parte de su abuela, comenzamos los trámites de la tarjeta sanitaria, pero estos se han eternizado pese a la ayuda y el magnífico trato que nos han dado tanto en el Centro de Salud de Recinto como la trabajadora social de su centro educativo”, relata su tía. El Ministerio de Sanidad establece que “todas las personas tienen garantizada asistencia sanitaria básica aunque no cumplan los requisitos legales para obtener la tarjeta” y que “si se trata de menores de 18 años tendrán derecho a la misma atención que cualquier ciudadano español”, pero según una de las trabajadoras sociales que ha asistido a la familia “en ocasiones como esta, que se dan mucho más frecuentemente en Ceuta de lo que se puede creer no se respeta la Ley”.