Lo que ocurre en el edificio situado en la avenida de España, 1, portal 5, propiedad del INVIED, ha dejado de ser un problema de mantenimiento para convertirse en un problema humano, de salud y de seguridad.
El ascensor se averió el 23 de abril. Tras semanas de reclamaciones, a mediados de junio se confirmó que el motor no tenía reparación y debía ser sustituido. Después del correspondiente procedimiento administrativo, la obra fue adjudicada a TKE el 27 de julio, con un plazo de ejecución de tres meses desde la firma del acta de inicio de obra. Y aquí surge una pregunta que consideramos legítima: ¿cuánto tiempo puede transcurrir entre la adjudicación de una obra pública y el comienzo efectivo de los trabajos? Porque, a día de hoy, los vecinos ni siquiera tenemos constancia de que se haya firmado dicha acta.
Ya hemos sufrido una parte del retraso por la falta de técnicos de la empresa encargada del mantenimiento disponibles en la ciudad que pudieran diagnosticar el problema desde el primer momento. ¿Tenemos ahora que asumir también que los plazos administrativos se conviertan en una condena para quienes llevan meses sin poder salir de sus casas?
Mientras tanto, dos mujeres de 82 y 93 años, ambas con movilidad reducida y en silla de ruedas, llevan casi cuatro meses prácticamente confinadas en sus viviendas. Para poder salir deben ser trasladadas a pulso por cinco y seis plantas.
En el caso de mi madre, la situación es especialmente grave. Necesita acudir cinco días a la semana a fisioterapia, imprescindible para continuar con su recuperación. Cada desplazamiento obliga a los servicios sanitarios a subirla y bajarla seis plantas junto con su silla de ruedas, un esfuerzo físico considerable que podría evitarse si el ascensor funcionara.
Incluso acudir a urgencias de la Clínica Septem por una infección urinaria se convirtió en una auténtica odisea. Ante la imposibilidad de bajar seis plantas por sus propios medios, tuvimos que aprovechar una cita médica que ya tenía programada para realizarle una radiografía y, de este modo, poder trasladarla también al servicio de urgencias, evitando así tener que recurrir al 112.
No hablamos de comodidad. Hablamos de acceso a tratamientos médicos, salud, autonomía y dignidad.
En nuestro caso en particular, la situación es todavía más dolorosa. Después de un año y medio de sufrimiento tras un atropello que la mantuvo meses postrada en cama, mi madre había conseguido, poco a poco y con muchísimo esfuerzo, recuperar parte de su vida. Había vuelto a salir, a relacionarse y a disfrutar de pequeños momentos de normalidad, aunque tuviera que hacerlo en silla de ruedas.
Precisamente cuando empezaba a recuperar aquello que había perdido, la avería del ascensor ha vuelto a paralizar su vida.
Lleva meses sin poder salir de casa con normalidad y esta situación está teniendo consecuencias también en su salud emocional. Actualmente recibe apoyo psicológico, porque el aislamiento y la imposibilidad de hacer una vida social están afectando seriamente a su estado de ánimo.
Después de todo lo que ha sufrido, resulta especialmente cruel que, cuando por fin empezaba a recuperar su autonomía, una avería que lleva meses sin resolverse vuelva a convertir su propia casa en una jaula.
Por ello nos preguntamos también: ¿dónde está el INVIED? El propio Estatuto del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), aprobado por la Orden DEF/3242/2005, de 10 de octubre, contempla en su artículo 4.e) entre sus funciones la atención de situaciones derivadas de circunstancias humanitarias. Sin embargo, pese a conocer perfectamente la situación en la que nos encontramos, no se nos ha ofrecido hasta el momento ninguna solución temporal.
Por eso hacemos un llamamiento público al INVIED para que, durante la ejecución de la obra, ofrezca alternativas de alojamiento accesible y gratuito para las familias afectadas: residencias militares, instalaciones del Ministerio de Defensa, realojos temporales u otras soluciones que permitan recuperar una vida mínimamente normal.
No pedimos privilegios. Pedimos una solución humanitaria ante una situación que ya ha superado con creces lo que puede considerarse una simple avería.
Asimismo, pedimos que se depuren las responsabilidades que correspondan por la demora acumulada y que se inste a TKE a ejecutar los trabajos con la máxima celeridad, siempre dentro de la legalidad y garantizando la seguridad y calidad de la obra.
También solicitamos que se informe a los vecinos, con transparencia, de cuándo comenzarán realmente los trabajos y cuál será el calendario previsto.
Sabemos que existen procedimientos administrativos y plazos legales. Pero tres meses pueden ser un plazo administrativo; para una persona de 93 años atrapada en su casa o para otra de 82 que necesita cinco sesiones de fisioterapia cada semana, tres meses pueden ser una eternidad.
Esto ya no va únicamente de un ascensor.
Va de dignidad.
Va de autonomía.
Va de seguridad.
Va de salud.
Y, sobre todo, va de no dejar abandonadas durante meses a personas vulnerables dentro de sus propias casas.
Señor Director, confiamos en que El Faro dé voz a esta situación y contribuya a que quienes tienen capacidad para solucionarla comprendan que ya no podemos seguir esperando.
¿Cuánto tiempo más tienen que esperar los vecinos de la avenida de España, 1, portal 5?
Esperamos que la respuesta llegue antes de que ocurra algo que todos tengamos que lamentar.
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