‘La sede judicial en el antiguo Banco de España abrirá en tres meses’. Este era el titular del 16 de febrero de este año, último anuncio con el que se pretendía disipar dudas en torno a una actuación que ha terminado por enquistarse. Hoy jueves, superado ese plazo, se mira ya al final de verano para que la céntrica instalación empiece a acoger alguno de los
juzgados, con cambios notables respecto de lo anunciado en un principio.
Todo se ha hecho mal. Lo más grave, obviar en las reuniones y anuncios a los representantes de los trabajadores de
Justicia. Y cuando la casa comienza por el tejado, la obra termina siendo un fiasco.
CCOO-Justicia en Ceuta se ha convertido en todos estos años de promesas y anuncios en el aguijón en busca de una respuesta de una administración encerrada y empeñada en oscurecer todo lo que tenía que ver con la disposición de una pretendida infraestructura judicial que ha generado malestar y recelo entre quienes estaban llamados a habitarla.
La última novedad de este culebrón se ha conocido, de manera oficiosa como casi todo, tras la realización de las últimas jornadas jurídicas, al contarse con la visita del secretario general de Justicia y número 3 del Ministerio, Manuel Olmedo. Hubo un encuentro en las dependencias del edificio Ceuta Center con magistrados, fiscales, LAJ, procuradores, miembros del Colegio de Abogados y graduados sociales. Aunque la representación de los trabajadores seguía apartada de cualquier encuentro, la mediación de la secretaría general de CCOO-Justicia llevó a que se atendiera por fin la presencia de la representación en Ceuta, que ya ha podido conocer la infraestructura mantenida ajena a las visitas de quienes deberían haber tenido la posibilidad de hacerlo desde un principio.
El Registro Civil debe abandonar las instalaciones que ocupa en Maestranza
Incumplido el plazo anunciado, también se avecinan cambios en los órganos judiciales que finalmente se trasladarán al antiguo Banco de España. Los magistrados de la Audiencia y de los Penales, sobre todo los primeros, iban a toparse con una infraestructura con mucho menos espacio, hasta el punto de disponer de una sala de vistas incapaz de acoger juicios con cuantiosos acusados. Fiscales o la juez decana se sumaban a esos recelos y por parte de CCOO-Justicia, como voz de los trabajadores, siempre se ha exigido que los primeros en ocupar la sede judicial sean los juzgados de lo Contencioso, Social y Vigilancia Penitenciaria debido a las nefastas infraestructuras que ocupan, contra las que existen informes que evidencian el incumplimiento en materia de riesgos laborales. Pero hay ahora, además, una novedad: el necesario traslado del Registro Civil, que ocupa la zona de Maestranza bajo titularidad militar. Esa antigua Comandancia de Obras fue un lugar ocasional con fecha de caducidad, por lo que sus funcionarios deberían ocupar otras salas. Ubicarlos en el Banco de España puede ser la solución buscada por la administración pero no la ideal para, por ejemplo, el sindicato.
¿Qué plazo real hay para inaugurar la sede para lo que se contaría con la presencia de la ministra de Justicia?, ¿qué juzgados se trasladarían definitivamente, existe de hecho una criterio claro de qué hacer al respecto?
Nada se deja claro más allá de los anuncios de apertura que han resultado todos inciertos, ante el evidente no cumplimiento de los distintos plazos. Y lo más grave es que la propia administración es la que falla en sus compromisos a sabiendas del mal estado que presentan muchos de los edificios judiciales, la dispersión de los mismos o los parcheos -gasto de dinero sin control- sobre lugares que tiempo ha deberían haber estado clausurados como el actual Palacio de Justicia para el que se pensó hasta tres desplazamientos diferentes, todos fracasados.
Sin un pronunciamiento oficial, culminará el curso judicial sin saber a ciencia cierta las respuestas a preguntas simples como el cuándo y el qué, ya que las justificaciones a este caos quedarán en el aire.