Claridad y más explicaciones. Es lo que pretende el Gobierno para frenar lo que los consumidores tildan de “abuso” de las entidades bancarias en el cobro de comisiones. Este es el principal pilar sobre el que se sustenta el Proyecto de Orden Ministerial de trasparencia y protección del cliente de servicios financieros.
El Gobierno central, tras una dura amonestación de la Unión Europea, que sitúa a España como el país menos transparente después de Italia, pretende seguir dejando libertad de precios, pero exigirá a cajas y bancos exponer públicamente qué comisiones cobra y el motivo, además de enviar cada enero a sus clientes una relación de los cobros del año.
Este anuncio por parte del Estado ha motivado que las asociaciones que representan a clientes y usuarios incrementen sus reivindicaciones en aras a conseguir que las personas a quienes representan estén más contentas con el trato que le dispensan sus bancos o cajas.
Según un estudio de la Organización de Consumidores (OCU), cada español paga a su entidad bancaria una media de 178 euros anuales por el uso normal de su cuenta. Una cifra que nos sitúa en el segundo lugar de los países en los que los bancos cobran más a sus clientes, sólo por detrás de Italia, con 253 euros. La media europea está en 111,62 euros.
Otro estudio, el de la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (Ceaccu), indica que has comisiones bancarias se han incrementado entre el 6 y el 35,6 por ciento desde junio de 2010.
Ante estas subidas, los gobiernos de algunas Comunidades Autónomas han advertido a los bancos que les multarán si no explican correctamente a sus clientes la letra pequeña de los contratos hipotecarios. Un ejemplo es el de la Comunidad de Madrid, que ya cuenta con el anteproyecto de Ley para la Protección de los Consumidores mediante la Transparencia de la Información en la Contratación Hipotecaria. Las sanciones parten de 15.000 euros pero pueden llegar a los 600.000.
No obstante, hay organizaciones que representan a consumidores que no dan por bueno el texto que ha preparado el Gobierno central y pide un control aún mayor. Sobre este asunto han opinado desde Adicae-Ceuta, organización que a nivel nacional ha aportado sus alegaciones al documento. Esta asociación dice haber localizado en su redacción lo que denomina “amenazas importantes” y aspectos que “suponen un peligro para los consumidores, mientras sirven de bandeja nuevos derechos a la Banca y se da carta blanca a sus abusos”.
En primer lugar porque -indican desde Adicae- el Ministerio abre una puerta en el artículo 9 para que los bancos “empiecen a cobrarnos por su ‘asesoramiento” Para esta organización, es una “absoluta vergüenza” que les permita “e incite” a cobrar por algo que desarrollan como parte de su actividad, “más aún si tenemos en cuenta que supone obligar a los consumidores a pagar por su derecho a recibir una información veraz como ya exige la ley de consumidores”.
Según una estimación realizada por Adicae, estas tarifas podrían ir de entre 120 y 600 euros la hora de consulta, “no obstante, la legislación no establece límites, por lo que las cifras podrían ser incluso más elevadas”.
Esta organización de defensa de los consumidores considera que con este proyecto de Orden que está en tramitación, el Ministerio que dirige Elena Salgado “quiere legitimar el uso de ‘swaps’ y cláusulas suelo, que tantas demandas y reclamaciones están generando, en lugar de prohibirlas”.
Por ello, esta asociación ha pedido la “retirada inmediata” de este proyecto de orden ministerial y adelanta que contactará con los candidatos a las próximas elecciones del 20-N para pedirles una regulación “más amplia, que verdaderamente proteja a los consumidores, fruto de un debate más amplio y que no haga ningún tipo de concesión a las entidades financieras”.
Mientas, las distintas organizaciones de consumidores están a la espera de lo que ocurra finalmente con este proyecto, y aseguran que es necesario dotar a estas operaciones de la transparencia necesaria.