Marruecos

Siguen las citaciones por la firma de permisos de construcción en Tetuán

El líder de Azla, Larbi Ahnin, declarará el próximo 8 de marzo en el Tribunal Administrativo de Rabat, capital de Marruecos

El líder del grupo Azla y parlamentario del Partido Autenticidad y Modernidad en Tetuán, Larbi Ahnin, ha sido convocado por el Tribunal Administrativo de Rabat por las supuestas vulneraciones de la ley firmar permisos de construcción unilaterales, en ausencia de consulta obligatoria con la agencia urbanística y el departamento de reconstrucción.

Según informan desde el país vecino, el parlamentario deberá “responder y justificar su firma de permisos de construcción unilaterales, luego de ser demandado por el gobernador de la región, y revelar todos los hechos y circunstancias que rodearon el expediente”.

Cabe recordar que el Tribunal Administrativo ya ha rechazado las justificaciones presentadas por los jefes de grupos territoriales que participaron en la firma de los permisos.

Operación que afectaba a 20 aldeas

La operación, en una primera fase, afectaba a 20 aldeas con una superficie de 225 hectarias, 7 de las cuales pertenecen a la comunidad Mullah con una extensión estimada de 61 hectáreas, 8 barrios de la comunidad Sadina de 133 hectáreas, y 5 barrios de la comunidad de Zaytoun de 31 hectáreas.

Toda esta trama fue destapada tras la revelación del estancamiento de otros expedientes similares, siendo todos estos procesos registrados ganados en masa por el tema de la revocación unilateral.

Decisiones que provocaron una reconstrucción aleatoria, y los problemas posteriores y la compulsión del Estado a gastar miles de millones para equipar la infraestructura necesaria y garantizar las condiciones mínimas para una vida digna en estas zonas.

Es de destacar que todos los dirigentes de los grupos, contra los cuales las autoridades regionales de Tetuán y M'diq iniciaron procesos y cuyas decisiones unilaterales fueron anuladas por el Tribunal Administrativo de Rabat, están amenazados con ser destituidos de sus cargos, con la posibilidad de seguimiento judicial según el fondo de cada expediente y los detalles relacionados con las violaciones.

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