La Delegación del Gobierno insiste: no hay más sobre la polémica que afecta al director del CETI de Ceuta, Antonio Jesús Bautista, después de la agresión denunciada por una enfermera que derivó en la detención de un residente del centro y su posterior condena no por un delito sexual, sino por coacciones.
La delegada del Gobierno, Cristina Pérez, ha negado tener informaciones sobre una salida inmediata del residente a la Península, después de publicaciones que apuntaban a una especie de ‘premio’.
Este guineano debe cumplir, entre otras medidas, un alejamiento, por lo que no puede vivir en el CETI ni tampoco aproximarse a él. Reside en una pensión que, Delegación aclara, no está pagando Bautista.
“A día de hoy, es más, atendiendo las noticias que se han publicado en diferentes medios de comunicación, he recabado la información y lo que os puedo decir es lo que os comunicaba el pasado día 4. Existe un expediente que se está investigando por parte de la Secretaría de Estado de Migraciones y en eso estamos”.
“En cuanto a la posible salida, pues lo desconozco porque, al igual que el resto de internos, yo tengo el listado de salidas un día antes de que se produzcan, y por tanto no puedo dar esa noticia porque lo desconozco”, ha indicado Pérez.
“Lo que sí digo es que obedecerá a un procedimiento ordinario como el resto de residentes que hay en el CETI. Más allá de eso, poco le puedo decir”.
El origen de esta polémica se da el pasado 26 de julio, cuando se detiene a un residente del CETI después de que una enfermera denunciara una agresión sexual.
La crítica se produce porque, supuestamente, desde la dirección del centro no se activa el protocolo de inmediato y es la propia víctima la que debe denunciar.
Los hechos, que ocurrieron en el interior de las instalaciones y que fueron adelantados por este periódico, así como la condena impuesta por la justicia 24 horas después, han provocado una intensa reacción tanto social como institucional.
El puesto del director del CETI está en el aire, ya que son varias las polémicas en las que se ha visto envuelto por la manera que tiene de gestionar el propio centro.
La Secretaría de Estado de Migraciones ya ha recibido los testimonios e informes recopilados tras el incidente. Esta documentación, proporcionada por la Delegación del Gobierno, incluiría tanto la versión de la víctima como la del agresor, así como la actuación de los responsables del centro en los momentos posteriores a la agresión.
Fuentes cercanas al caso aseguran que la decisión final sobre la continuidad o cese del director del CETI se tomará en los próximos días. En este contexto, se analizará si hubo omisión de responsabilidades o incumplimiento de los protocolos establecidos en caso de agresión sexual.
El director se encuentra actualmente en una situación comprometida, ya que se le acusa de no haber activado las medidas de protección necesarias tras los hechos. Además, se investiga si trató de silenciar la denuncia, lo que agravaría aún más su situación administrativa y ética.
Desde el ámbito político, representantes locales y nacionales han pedido transparencia en la investigación y que se adopten “medidas ejemplares” si se demuestra negligencia. Algunos grupos parlamentarios ya han solicitado la comparecencia de responsables del Ministerio en el Congreso.
Por su parte, la Delegación del Gobierno ha mostrado su apoyo a la víctima y ha garantizado que “no se tolerará ningún tipo de encubrimiento o mala praxis”. Además, ha ofrecido su colaboración plena con el Ministerio para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades penales o administrativas.
El diputado del Partido Popular por Ceuta, Javier Celaya, ha registrado en el Congreso una batería de preguntas dirigidas al Gobierno para esclarecer las contradicciones detectadas en la gestión de la agresión sufrida el pasado 27 de julio por una enfermera del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), presuntamente cometida por un residente de nacionalidad guineana.
Celaya ha recordado que, según denunció el sindicato de enfermería SATSE, el director del CETI, Antonio Bautista Fernández, habría intentado disuadir a la víctima de presentar una denuncia por la agresión. A pesar de ello, el presunto agresor no solo no ha sido apartado del centro, sino que actualmente se encuentra alojado en un hostal, a la espera de ser trasladado a la Península, con el beneplácito del propio director.
En sus preguntas parlamentarias, el diputado ceutí exige saber por qué se ha tomado la decisión de alojar al presunto agresor fuera del CETI, quién asume los gastos de su estancia en el hostal, si su traslado a la Península es inminente, y si se ha incoado algún expediente o exigido responsabilidades al director del centro por su supuesta conducta.
“Es inaceptable que se premie al presunto agresor mientras la víctima y sus compañeros quedan en una situación de desprotección”, ha denunciado Celaya, quien insiste en que el Gobierno debe “dar explicaciones claras y asumir responsabilidades”. “No vamos a permitir que este caso se cierre en falso”, ha advertido.
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