En pleno siglo XXI, cuando se habla de avances tecnológicos, sostenibilidad y calidad de vida, resulta inconcebible que en Ceuta, muchas familias vivan sin acceso a los servicios más básicos: agua y electricidad. Una realidad cruda y silenciada que afecta, principalmente, a las barriadas de la periferia, donde decenas de hogares se ven privados de estos suministros debido a la imposibilidad de acceder a un contrato formal con las compañías suministradoras.
La situación, que no es aislada, se extiende por barriadas como el Príncipe Alfonso, Los Rosales, Benzú y otras zonas donde las carencias estructurales son ya parte del paisaje diario. Familias enteras, muchas con niños pequeños y personas mayores a su cargo, sobreviven en condiciones impropias de nuestra época.
El principal problema al que se enfrentan estas familias es un obstáculo burocrático y social: la falta de títulos de propiedad o contratos de alquiler legalizados que, en muchos casos, se exige para formalizar la contratación de servicios. Esta situación, que deriva en la negación de un derecho fundamental, perpetúa un círculo vicioso de pobreza y exclusión social, especialmente en barriadas donde la economía sumergida y el desempleo son moneda común. Año tras año, las administraciones parecen mirar hacia otro lado, sin ofrecer soluciones reales a un problema que no solo es legal, sino también humanitario. Ceuta, como territorio dependiente del Estado, sufre una falta de inversión crónica en infraestructuras y programas de mejora para las zonas más desfavorecidas. La respuesta, cuando llega, es lenta y en muchos casos, insuficiente.
La falta de agua potable y electricidad tiene consecuencias que ponen en riesgo la salud y la dignidad de las personas. No solo implica incomodidad, sino también un riesgo directo para la salud: sin agua corriente, las familias no pueden garantizar una higiene adecuada, lo que incrementa el riesgo de enfermedades. Sin electricidad, el día a día se vuelve una lucha constante: niños que no pueden estudiar al caer la noche, familias que no pueden conservar sus alimentos, personas mayores que no tienen acceso a dispositivos médicos esenciales. A ello se suma la inseguridad que genera depender de conexiones irregulares, como los enganches ilegales, que no solo son peligrosos para las viviendas implicadas, sino también para toda la comunidad. Esta precariedad, lejos de ser elegida, es una consecuencia directa de la exclusión a la que se ven sometidos cientos de ceutíes.
Esta situación exige la necesidad de soluciones urgentes por parte de las autoridades locales y estatales. No se puede permitir que en nuestra ciudad existan familias que vivan como si estuvieran ancladas en otra época. Es imprescindible flexibilizar los requisitos burocráticos para la contratación de servicios, crear planes de regularización de viviendas, e invertir en infraestructuras que garanticen el acceso a agua y electricidad de manera segura y sostenible. Asimismo, las compañías suministradoras, junto a las administraciones, deben desarrollar programas sociales y tarifas adaptadas a las familias vulnerables, garantizando el derecho básico a estos servicios.
Sin embargo, no podemos seguir mirando hacia otro lado. La falta de agua y electricidad en Ceuta no es solo un problema técnico, es un reflejo de la desigualdad y el abandono que sufren las barriadas de la periferia. Mientras se ignora esta situación, cientos de familias viven en la sombra de una ciudad que, en pleno siglo XXI, sigue dejando atrás a los más vulnerables. Es hora de actuar, de exigir soluciones y de garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a una vida digna, como merecen.
Ceuta no puede avanzar si no lo hace junto a sus barriadas más desfavorecidas. La luz y el agua no son lujos; son derechos.
