Servicios Sociales pide al SEPE parte del Plan de Empleo para beneficiarios del IMIS

La Consejería de Servicios Sociales de Ceuta que dirige Dunia Mohamed en funciones ha pedido por carta al director provincial del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE), José Simón, que en los próximos Planes de Empleo, cuyo presupuesto se prevé reducir en casi un millón de euros con respecto a los programas 2022-2023, se recupere el cupo para perceptores del Ingreso Mínimo de Inserción Social (IMIS) de la Ciudad.

Aunque se trata de una decisión colegiada de la Comisión Ejecutiva y no discrecional de Simón, el Ejecutivo de Vivas ha “rogado encarecidamente’ al director del SEPE “que tenga en consideración” a un colectivo “que cada día va creciendo y que en la actualidad suponen 175 las familias con 537 beneficiarios, y con más de 55 en lista de espera de acceso a la prestación”.

“Son usuarios que necesitan con gran urgencia poder contar con la posibilidad de un puesto de trabajo que le permita salir de la situación de riesgo de exclusión social”, argumenta la consejería en un escrito en el que recuerda que “en otras ocasiones, tras las reuniones celebradas, se conseguía un nivel más que aceptable en cuanto a la posibilidad de que estas familias accedieran a un puesto de trabajo”.

“Este acceso laboral, a través de los Planes de Empleo, no sería posible sin vuestra colaboración, y de otro modo los beneficiarios se verían abocados al cobro de la prestación sin mayor aliciente ni salida digna a su situación de precariedad”, añade Servicios Sociales, que reconoce que aunque “recientemente se ha incrementado la renta de la prestación, aún así tampoco llegamos a cubrir sus demandas y sobre todo poder llegar al objetivo último de la misma, que no es otro que la reinserción sociolaboral”.

Durante los últimos diez años se ha reservado entre un 30% y un 15% de los contratos de los Planes de Empleo para personas sin ingresos o perceptoras del IMIS. El año pasado, con más de 600 beneficiarios, no, pero se guardó un tercio para las mujeres en itinerarios sociolaborales que la administración se había comprometido ante la UE a insertar con contratos.