Un informe emitido tras la aparición de grupos de animales en Valdeaguas y la Potabilizadora llevó a la Consejería a realizar el contrato de “erradicación” a los cazadores.
Un informe de Servicios Sanitarios constató en 2009 que existía un “problema de seguridad y salud” por la presencia de grupos de perros asilvestrados en diferentes puntos de la ciudad. Esa ha sido la razón argüída por la Consejería de Sanidad para justificar el contrato que en junio del año pasado firmó con la Sociedad de Cazadores para “la vigilancia, prevención, control y erradicación de perros asilvestrados” y que el PSOE denunció como poco ético el pasado miércoles.
El origen de la externalización de un servicio que es propio de Sanidad Animal mediante un contrato menor está en Valdeaguas. Allí en diciembre de 2008 se asentó una manada de perros que estuvieron amedrentando a los paseantes del Hacho y llegaron a atacar a una mujer. Hubo una ‘reducción selectiva’, como denominaron en la Ciudad, a finales de ese mes en la que participó la Sociedad de Cazadores y el servicio de Lanceros.
El problema, según afirmaron fuentes del Gobierno local, no quedó ahí y se convirtió en “crónico”. Apareció otro grupo de animales en la cala del Desnarigado y se localizó un San Bernardo que fue entregado a la Perrera Municipal. La aparición de estos grupos aislados en el monte está en “el frecuente abandono” de dueños de animales domésticos.
Tras el informe emitido por Servicios Sanitarios se constató que el personal de la Consejería “no podía hacer frente al problema” y tras el el “preceptivo asesoramiento técnico” se optó por firmar el contrato anual con la Sociedad de Cazadores por una cuantía de 12.000 euros.
Desde la Ciudad se quiso además recordar el proceso que fija el pliego de condiciones del contrato; las funciones asignadas a la Sociedad de Cazadores se dirigían a la localización y vigilancia de perros asilvestrados, la utilización de cebos para llevar al animal a determinadas zonas donde se procedería a la colocación de trampas. Cuando los cazadores consiguieran una captura tenían que avisar al Servicio de Sanidad Animal para la sedación de los animales y el sacrificio por el órgano competente, de forma controlada.
El sacrificio, apuntaron, se estudia “según cada caso, animal por animal”. El San Bernardo que menciona Sanidad sí pasó a las dependencias de la Perrera Municipal, otros ejemplares no son rehabilitables. En ningún caso, “el objetivo es matarlos”.
PSOE
La críticas de los socialistas no se dirigían al objeto del contrato, sino a las formas y al “derroche” que suponía la inversión de los 12.000 euros. Si la Consejería argumenta la falta de personal en el servicio de Sanidad Animal, el PSOE ejemplificaba ayer la asistencia con medios propios como la Brigada Forestal, que son trabajadores adscritos a una empresa municipal de Medio Ambiente. El PSOE adujo “falta de criterios éticos” debido a la inexistencia de planificación y “escasos controles, y técnicas que parecen estar en desacuerdo con las garantías del sacrificio de estos animales con el menor sufrimiento”. Recuerdan, además, el uso en otras autonomías y la eficacia de las cajas-trampa para atajar el problemas ‘crónico’ señalado en los Servicios Sanitarios.
Septem Nostra solicita a la Ciudad una investigación
La asociación Septem Nostra-Ecologistas en Acción de Ceuta quiso expresar ayer su más “enérgica repulsa e indignación” tras conocer la noticia relativa al contrato suscrito por la Consejería de Sanidad y la Sociedad de Cazadores de Ceuta para la eliminación de animales abandonados. Para los ecologistas la acción es “deleznable” y adquiere “especial gravedad” cuando se ha hecho con el beneplácito y la financiación de la Ciudad Autónoma de Ceuta: “No podemos entender que una administración pública delegue la recogida de ciertos tipos de animales a una sociedad privada que nadie tiene que ver con la recogida de animales domésticos”, señalaron mediante un comunicado. Ante la sospecha de que “se pudieran haber sacrificado, sin ningún tipo de garantías, a algunos animales”, Septem Nostra va a solicitar a la Ciudad Autónoma que abra una investigación sobre lo sucedido para que se depuren responsabilidades.
