Ser español al otro lado de la frontera

Nada más regresar a Ceuta, después de una liberación que cobró casi tintes de problema de Estado, Manuel (nombre ficticio) reunió a sus familiares directos y les hizo romper el pasaporte. Nunca más, se prometió, volvería a Marruecos después de que una visita a los mercadillos de Castillejos para comprar una equipación deportiva para el cumpleaños de su sobrino se convirtiera en toda una odisea al terminar detenido y acusado de un delito en el que nunca había estado implicado. En aquel caso medió hasta las altas instancias de la Ciudad, en otros ni tan siquiera han tenido conocimiento de lo sufrido por españoles ceutíes que han terminado presos, justa o injustamente, en prisión del vecino país.
A este caso se añaden otros, con mayor o menor relevancia mediática. Los hay que han pasado más de un mes en prisión por un error o también aquellos que han tenido que responder de denuncias hechas en Marruecos sobre asuntos que, en Ceuta, quedaron archivados. Es decir, la misma persona ha tenido que responder del mismo delito pero en dos administraciones judiciales distintas: la marroquí y la española. Al menos eso es lo que se ha pretendido hasta que la presión de las familias y la mediación de los consulados han conseguido dar un vuelco al problema.
La historia del vecino de Vicedo Martínez, Anuar Abdeselam, preso en Mekinés y cuya familia ha denunciado maltrato, ha reabierto el debate mediático y social de la situación que afecta directamente a los españoles al otro lado del paso. ¿Ejercen los consulados el suficiente papel mediador para las familias afectadas?, ¿cómo puede evitarse que sigan confundiendo a los ceutíes musulmanes como marroquíes hasta que sus familias dan el toque de alerta?, ¿qué instrumentos les quedan a los afectados?
A esta ristra de interrogantes nadie ha contestado. Si bien ha habido iniciativas para intentar que haya menos aristas en el camino. La propia parlamentaria popular, Luz Elena Sanín, intentó sin éxito un pronunciamiento político sobre el trato que se daba a los musulmanes detenidos en Marruecos, al objeto de forzar una implicación de las altas instancias para evitar confusiones como las que se han producido y siguen haciéndolo.
Lo pedido por Sanín no era más que el inicio de un camino para hacer que existiera un protocolo que sirviera a la hora de actuar, políticamente, en el caso de las detenciones de españoles al otro lado. UDCE, por aquel entonces en solitario, arrancaba, el 15 de marzo de 2010, un acuerdo plenario para solicitar a Madrid que diera el oportuno toque a Marruecos en relación a la detención de musulmanes españoles. De todas estas iniciativas el resultado ha sido el mismo, es decir, ninguno. Lo que le suceda a un español al otro lado de la frontera es ‘cosa’ del otro país, también las injusticias que se produzcan sin que existan más ‘armas’ que los intentos diplomáticos para que las autoridades ceutíes puedan hacer algo.
En ese ‘hacer algo’ se encuentra también el puro interés informativo. Es lo que le sucede a la familia de Anuar Abdeselam. Sus llamadas al consulado de nada sirven y a fecha de hoy todavía ningún funcionario consular ha podido ver el estado en que se encuentra el ceutí después de la paliza sufrida en la cárcel de Mekinés. ¿A quién recurre la familia? En Ceuta no existe entidad alguna que ayude a solucionar sus dudas. Cuando casos de este tipo afectan a familias humildes la losa es aún mayor y terminan sufriendo su particular injusticia en privado. Ante situaciones de este tipo Caballas ha solicitado que haya un funcionario que, al menos, se interese para que en una ciudad frontera como Ceuta los familiares afectados por detenciones ocurridas al otro lado tengan alguien a quien recurrir.