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Ser autónomo será más caro en 2026: el Gobierno propone cuotas de entre 217 y 796 euros

El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social plantea un nuevo sistema de cotización que eleva las cuotas de los trabajadores por cuenta propia

El Gobierno ha presentado esta semana su nueva propuesta de cotización para los trabajadores autónomos, un modelo que podría entrar en vigor a partir de enero de 2026 y que introduce una subida progresiva de las cuotas mensuales que afectarán también a los autónomos de Ceuta en función de los rendimientos netos.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dirigido por Elma Saiz, ha trasladado el documento a sindicatos, patronales y asociaciones del sector. El objetivo, según el Ejecutivo, es ajustar las aportaciones a los ingresos reales y reforzar el sistema de protección social de uno de los colectivos más vulnerables del mercado laboral.

Cuotas de entre 217 y 796 euros mensuales

El nuevo esquema establece 15 tramos de cotización, con cuotas que van desde 217,37 euros mensuales para quienes declaren rendimientos inferiores a 670 euros al mes, hasta 796,24 euros para los autónomos cuyos ingresos superen los 6.000 euros mensuales.

Esto supone una subida respecto a las cuotas de 2025, que actualmente oscilan entre 200 y 590 euros. En concreto, el incremento será de 17 euros en el tramo más bajo y de 206 euros en el más alto.

Entre los tramos intermedios, las diferencias también serán notables. Por ejemplo, un profesional que declare entre 2.030 y 2.330 euros al mes pasará de pagar 390 a 428,53 euros, mientras que quienes perciban entre 3.620 y 4.050 euros verán cómo su cuota aumenta de 490 a 592,95 euros.

Un horizonte de tres años de subidas

El Ministerio plantea además un horizonte de aplicación de tres años, con incrementos adicionales en 2027 y 2028. Según la propuesta, las cuotas oscilarán entre 234,73 y 1.002,49 euros en 2027, y entre 252,10 y 1.208,73 euros en 2028.

Desde el Gobierno defienden que esta evolución “acompaña el crecimiento del salario mínimo interprofesional (SMI)” y permitirá que nadie cotice por debajo de lo que realmente gana. El objetivo es también reducir la brecha entre las pensiones de los asalariados y las de los autónomos, que sigue siendo muy elevada.

Actualmente, la pensión media de un trabajador del régimen general es de 1.666 euros mensuales, frente a los 1.010 euros de un autónomo, una diferencia de más de 600 euros al mes.

Tarifa plana y nuevas medidas de protección

El proyecto incluye una actualización de la llamada “tarifa plana”, que se mantendrá como incentivo al inicio de actividad. Según la propuesta, la cuota bonificada equivaldrá al 40% de la base mínima del primer tramo, lo que permitirá ajustarla automáticamente si cambia el SMI o las bases de cotización.

En la actualidad, esta tarifa es de 80 euros mensuales, el 40% de la base mínima de 200 euros. Con el nuevo sistema, la cuantía variará conforme se actualicen los valores de referencia.

Asimismo, el ministerio propone reforzar las prestaciones por cese de actividad y flexibilizar los criterios de acceso a ayudas por motivos económicos o productivos. Esto implicaría una revisión de los porcentajes de pérdidas exigidos, los periodos de comparación y los niveles mínimos de ingresos.

En casos de crisis o emergencias como una pandemia o un desastre natural, la propuesta contempla la eliminación del periodo de carencia y la posibilidad de mantener el derecho a prestaciones sin que se consideren consumidas, ajustando su duración al impacto de la situación.

Ajustes para sectores con ingresos variables

Otra de las novedades es la introducción de mecanismos de adaptación para trabajadores de sectores con ingresos estacionales o irregulares, como el agrario o la pesca. De este modo, las bases de cotización se ajustarían mejor a la realidad económica de cada actividad.

También se prevén mejoras en las prestaciones por nacimiento o cuidado de menores, reduciendo los plazos de cálculo para agilizar su concesión. En el caso de enfermedades graves o cáncer infantil, se permitirá adaptar la base reguladora en función de la duración del tratamiento o de la baja.

Reacciones enfrentadas entre asociaciones

La propuesta ha generado reacciones dispares entre las organizaciones de autónomos.

El presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad, ha valorado positivamente el planteamiento, destacando que los nuevos tramos “se ajustan al modelo acordado en 2022 entre Gobierno, sindicatos y patronales”. Sin embargo, ha pedido incluir un tramo más bajo para autónomos con ingresos muy reducidos, como artistas o creadores de contenido, “que apenas superan los 4.000 euros anuales”.

En el lado contrario, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha calificado la medida como “un nuevo sablazo fiscal”. Según Amor, la subida supondrá 200 euros más al año para quienes no alcanzan los 3.000 euros de ingresos y hasta 2.500 euros adicionales para los que superen los 38.000.

El líder de ATA ha advertido que “la propuesta debe tramitarse como decreto ley para que los partidos se retraten” y ha cuestionado las mejoras anunciadas en el cese de actividad, calificándolas de “insuficientes”.

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